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Ella suele sentarse sobre algún contén en la calle Obispo de La Habana Vieja. Tiene más de sesenta años, la cara sucia y una pierna de plástico. Cuando no hay policías cerca, le pide dinero a los transeúntes sin ningún recato, estirando la mano abierta y procurando enseñar el miembro tullido.
A veces se acompaña de un perro y una maraca para llamar la atención de los turistas, sabe que la cubanía vende, lo insólito, el son, el tabaco, las claves. Para llevarse una idea de la tragedia que fue su vida, basta con mirarle a los ojos y a sus ropas pestilentes y raídas.
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La zona patrimonial de La Habana Vieja o Casco Histórico ha devenido epicentro de escenarios como el descrito anteriormente. Decenas de indigentes –por llamarlos de algún modo- hacen suya la ciudad, aprovechando el auge turístico y mercantil de la misma.
Bailando por dinero al compás de una orquesta callejera, sentados en las aceras de cafeterías y hoteles, deambulando con pequeñas estatuillas de San Lázaro o durmiendo en los parques, la presencia (cada vez más fuerte) de mendigos o “sin techo” en las calles de la capital, trasciende de la incomodidad estética de la urbe y sus ciudadanos hacia una problemática más grave.
Con una población envejecida y empobrecida –cerca del 25 por ciento de la población cubana vive en condiciones de pobreza, según cifras oficiales— la ausencia de políticas sociales en función de la inclusión y la protección con equidad de aquellos miembros más desvalidos de la sociedad, es un asunto que urge atender.
De acuerdo con registros del censo pasado, más de mil 100 personas atraviesan este tipo de situación en Cuba. De esa cifra, la mayoría son hombres menores de 60 años de edad, en el rango útil de edad.
Pese a la cobertura de salud y seguridad social que promueve el sistema social cubano, no se visualizan ni se ponen en práctica políticas específicas hacia personas que demandan un mayor grado de amparo.
Estudios del pasado año en relación a este tema han aportado algunas claves para repensar el tabú de la pobreza en la isla. Pese al discurso ideológico de igualdad social que define al gobierno cubano, la realidad se impone ante cifras más o menos manipuladas.
Una parte significativa de la población continúa bajo el umbral de la subsistencia, incluso para los estándares particulares del país (desviados de los universales). Este tipo de pobreza, no obstante, califica como “con protección y garantías” o con “amparo”, debido a las subvenciones estatales y en las gratuidades que ofrece el sistema de salud y educación.
De ahí, que se echen a un lado el diseño de iniciativas institucionales enfocadas al bienestar humano y al desarrollo social de absolutamente todos los grupos e individuos sumergidos en la pobreza más evidente.
Lo que quizá resulte más alarmante, es el hecho de que según investigaciones editadas por el Centro Félix Varela y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, uno de los grupos más propensos a vivir en la miseria en Cuba son los empleados del sector estatal tradicional.
Bien es sabido que ocupar un puesto en cualquier empresa del estado, no asegura una condición económica favorable para un trabajador y su familia, pero rozar con los índices de la miseria, deja mucho que desear de las políticas sociales adoptadas por el gobierno cubano.
Asimismo, los ancianos solos, mujeres, personas con nivel educacional primario y medio, enfermos crónicos e incapacitados, desocupados y personas negras y mestizas, son otros de los más afectados con esta problemática.
La situación que se da en La Habana Vieja es una manifestación ceñida a una realidad aún más grande y aterradora. Las diferencias sociales en Cuba son cada vez más estridentes, con nuevo modelo económico o no, se continúan ignorando aspectos esenciales para el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.
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