Sancionados funcionarios del servicio de comunales del municipio de Boyeros por un defalco de 408.263 pesos

Seis funcionarios del servicio de comunales del municipio de Boyeros en La Habana, fueron condenados a penas de entre uno y 10 años de cárcel por un desfalco de más de 408.263 CUP dólares entre 2012 y 2014, informó hoy Granma.

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Seis funcionarios del servicio de comunales del municipio de Boyeros en La Habana, fueron condenados a penas de entre uno y 10 años de cárcel por un desfalco de más de 408.263 CUP entre 2012 y 2014, informó hoy Granma.

Acusados por los delitos de Malversación, Falsificación de Documentos Bancarios y de Comercio e Incumplimiento del Deber de Preservar los Bienes de Entidades Económicas, los actuación de los seis acusados (junto a la subdirectora económica de la empresa, acusada en ausencia pues salió del país) provocaron una afectación al presupuesto de la localidad de nueve millones 408.263 CUP.


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Luego de celebrarse la vista del juicio oral, el 26 de enero del 2015 en la Sala Segunda de lo Penal, el Tribunal Pro­vincial Popular de La Ha­bana sentenció a:

ALEJANDRO BERENGUER HERNÁNDEZ, FELICIA BONNE VICET y YENEY MOLINA MARTÍNEZ a diez años de privación de libertad por ser autores del delito de Fal­sificación de Documentos Bancarios y de Comercio de carácter continuado como medio para cometer el delito de Mal­versación.

MIRIAM RIVERO CORONA a cinco años de privación de libertad, subsidiada por igual periodo de limitación de libertad, por ser autora del delito de Falsificación de Do­cumentos Bancarios y de Comercio de carácter continuado como medio para cometer el delito de Mal­ver­sación.

TATIANA MARRERO GUERRA y MERCEDES MA­CHADO LUJÁN a un año de privación de libertad, subsidiada por igual periodo de trabajo correccional sin internamiento, por ser autoras del delito de Incumplimiento del Deber de Preservar los Bienes de Entidades Económicas.

La Auditoría Especial, llevada a cabo por la Unidad Central de Auditoría del Consejo de la Administración Provincial (CAP) de La Habana y supervisada por la Contraloría General de la Re­pú­blica (CGR), fue el mecanismo que arrojó como resultado que los cheques emitidos por Comunales incrementaban los montos a extraer en relación con el total cuantificado en las nóminas, e incluso aparecían extracciones de efectivo sin respaldo documental.

Entre los daños colaterales por la actuación de los implicados se encuentra la afectación de los propios trabajadores de la empresa quienes no recibieron los medios de trabajo necesarios. Los pobladores también se vieron afectados ante la no recogida de basura y la no realización de otras acciones de higienización.

Foto: Javier País

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