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Según reporta Diario de Cuba a través de EFE, el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva ―que está siendo investigado por asuntos vinculados con la corrupción en Petrobras― en estos momentos es objeto de otra averiguación por supuestos fraudes, que habrían traído ventajas tributarias para el sector automotriz en los tiempos que Lula era todavía presidente.
El comisario brasileño Marlon Cajado ha enviado un documento a los tribunales en los que expresa que la Policía está intentando determinar si Lula tuvo algún tipo de participación ―directa o indirecta― en unos supuestos sobornos de empresarios de la industria automotor a funcionarios de su Gobierno, que habrían ejercido influencias para aprobar medidas en favor de ese sector.
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Según informan las autoridades judiciales, un grupo de empresas habrían sobornado a funcionarios que promovieron un grupo de medidas que después fueron decretadas por Lula, y que supusieron una reducción de la carga tributaria para dichas empresas.
Los hechos que están siendo investigados ahora, habrían ocurrido en el año 2009, durante el segundo mandato de Lula, quien fuera antecesor y padrino político de Dilma Rousseff, actual presidenta del país y que entonces era ministra de la Presidencia.
Esas empresas también están siendo investigadas por manipular a su favor los procesos del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), un departamento del fisco que se encarga de sancionar a los defraudadores de impuestos y que ―según se sospecha― lo que hizo en realidad fue facilitar evasiones tributarias de esas compañías.
Lula ya ha declarado en calidad de testigo sobre este caso, y entonces aseguró que desconocía el asunto. Cristiano Zanin Martins, abogado del expresidente, ha afirmado que la presente averiguación no está justificada y no entiende que Lula haya pasado de “testigo” a “investigado”.
El comisario Cajado ha explicado que el hecho de que la “nueva averiguación “ abarque a otras personas, no significa que hayan cometido alguna ilegalidad. Este caso se tramita en un tribunal de Brasilia, al que Rousseff fue llamada como testigo por uno de los 16 acusados. Sin embargo, Dilma Rousseff respondió al tribunal con un texto por escrito, de un solo párrafo, en el que precisó que no tiene información sobre el tema y que no tiene nada que declarar.
Esta nueva averiguación se añade a otra que fue iniciada por la Policía en lo relativo a supuestas operaciones para el blanqueo de parte del dinero que fue desviado de la estatal Petrobras, en que también Lula figura como “investigado”.
En ese caso, la investigación gira en torno a un apartamento situado en un edificio propiedad de la constructora OAS, sobre el que se sospecha que en realidad pertenece a Lula, aunque este lo haya negado reiteradamente.
Al margen de los dos casos citados ―que salpican directamente a Lula― la Fiscalía ha informado que ha reabierto una investigación con el fin de determinar si hubo irregulares por parte de la fuerza aérea en la compra de treinta seis aviones cazas de combate, a la empresa sueca Saab.
Aunque esa operación se concretó en 2014 ―estando ya Rousseff en el poder― las sospechas sobre esa operación afectan a dos empresarios que están siendo investigados como posibles intermediarios en la trama para favorecer a la industria automotriz.
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