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La Habana, (EFE).- Cuba no ha tardado en pronunciarse tras haberse conocido de a sanción aplicada por Whashington a la compañía norteamericana Halliburton por violar el embargo y ha denunciado el rigor con que se continúa aplicando el embargo económico, comercial y financiero sobre la isla.
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En una nota publicada en el sitio web del Minrex Cuba denuncia esta multa, la tercera del año.
Desde los anuncios del 17 de diciembre de 2014, el gobierno de Estados Unidos ha multado a 8 entidades (5 estadounidenses y 3 extranjeras) por valor acumulado de 2 mil 836 millones 681 mil 581 USD.
Por su parte Josefina Vidal, directora general para EE.UU. del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, también denunció la situación en su cuenta de Twitter.
La empresa estadounidense, uno de los mayores contratistas del mundo de campos petrolíferos, invirtió a través de subsidiarias en Islas Caimán en la empresa Cabinda Onshore South Block, de Angola, de la que la compañía estatal Cuba Petróleo es parte del accionariado, y tendrá que pagar una multa de 304.706 dólares.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, Halliburton exportó bienes y servicios a Cabinda en apoyo a las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas natural dentro de una de sus concesiones en Angola.
La nota publicada por la cancillería considera que la sanción aplicada a la corporación petrolera reafirma el "fortalecimiento de la persecución económica, comercial y financiera" contra las transacciones cubanas y su "marcado carácter extraterritorial".
Resalta que esta medida es "contraria" al nuevo enfoque de la política de EE.UU. hacia Cuba y sostiene que agudiza el "efecto disuasivo" sobre las entidades estadounidenses y extranjeras interesadas en desarrollar negocios con Cuba.
Además insiste en la necesidad de "eliminar el bloqueo en su totalidad" como elemento esencial para avanzar hacia la normalización de las relaciones cubano-estadounidenses.
Cuba alega que el "bloqueo", de acuerdo con datos oficiales, ha causado daños por unos 833.755 millones de dólares desde que entró en vigor en 1962 y sostiene que es el "mayor escollo" para lograr la normalización de su relación con EE.UU.
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