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El Senado brasileño aprobó en la mañana de hoy jueves el inicio del proceso de destitución o ‘impeachment’ contra la presidenta Dilma Rousseff.
Tras una sesión plenaria que duró 21 horas, casi ininterrumpidas, el resultado de la votación: 55 votos a favor y 22 en contra, supone que se abre un proceso que puede acabar con la destitución definitiva de la presidenta en el mes de octubre.
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El juicio político tendrá lugar en el Senado a partir de hoy y durante 180 días. En los próximo seis meses los senadores discutirán si Rousseff cometió crimen de responsabilidad hacia la República al alterar las cuentas públicas para equilibrar los balances presupuestarios, de un año para otro, a base de pedir dinero a grandes bancos públicos.
Estaba previsto que Rousseff recibiera hoy por la mañana la notificación oficial y que después saliera por la puerta principal del palacio de Planalto (sede presidencial).
Ese gesto supone que acepta, pero no está de acuerdo, con la decisión tomada por los senadores.
A partir de hoy su salario se reducirá a la mitad y sus prerrogativas quedarán reducidas al mínimo. Se quedará recluida en su residencia oficial y se convertirá en una especie de presidenta “fantasma”.
Según precisa el documento:
queda suspensa del cargo de presidenta [...] con derecho a residencia oficial, seguridad, servicio médico y transporte aéreo y terrestre.
La jefatura del estado será asumida por el vicepresidente del país, Michel Temer, líder del Partido Democrático do Movimento Brasileiro (PMDB).
En la próxima votación, prevista para el mes de octubre, no servirá sólo la mayoría simple. Serán necesarios dos tercios, esto es, 54 senadores. De ahí que el resultado de hoy sea significativo. Es decir, tal y como están las cosas actualmente, Rousseff quedaría definitivamente fuera del cargo.
La mayoría de los senadores se refirió, para justificar su decisión, a la catastrófica marcha de la economía (que retrocede a razón de un 3% del PIB al año), a las sucesivas rebajas de las agencias de calificación, que ya han colocado los bonos brasileños al nivel de bono basura y, en general, a la necesidad de cambiar de Gobierno para que la perspectiva sombría del país cambie.
Los defensores de Rousseff replicaron con un argumento simple: no se puede echar a una presidenta elegida por el pueblo, con 54 millones de votos, apelando a unas maniobras fiscales ―que no constituyen un delito grave― o a la situación económica.
El Abogado General del Estado, José Eduardo Cardoso, que cerró la sesión, resumió el sentir del Gobierno:
Ustedes respetan todos los procedimientos, es cierto. Pero no la médula del proceso. Y la médula del proceso es que se juzga a la presidenta por algo que todos los presidentes de todos los países hacen. Por eso, con todos los procedimientos, ustedes están condenando a una inocente.
Mientras, en Brasilia y en São Paulo se celebraban manifestaciones a favor y en contra de Rousseff. Las concentraciones en Brasilia estaban separadas por un muro metálico y en la Avenida Paulista, por la policía.
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