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El artista puertorriqueño Daddy Yankee y su empresa El Cartel Records estarían debiendo más de 3 millones de dólares en contribuciones al Servicio de Rentas Internas (IRS) de Estados Unidos.
Tal dictamen es contrario a lo declarado en abril por su representante legal, Edwin Prado, que hace un mes afirmaba:
Lo más leído hoy:
[A]seguramos que tanto el artista como sus compañías han cumplido con su responsabilidad fiscal tanto con el Gobierno Estatal como con el Gobierno Federal.
Así reaccionó Prado a la investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que formó parte de los Panama Papers y que puso al descubierto un esquema de corporaciones offshore, establecido para la celebración de conciertos Daddy Yankee en Perú.
Sin embargo, el CPI ha encontrado la revelación sobre la millonaria deuda con el IRS a través de la declaración que en su momento hizo Mireddys González ―esposa del reguetonero― durante el juicio de la demanda que le ganó el productor argentino Diego de Iraola a Daddy Yankee, por incumplimiento de contrato y difamación, en el año 2013.
A través de su esposa, Daddy Yankee ―cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez― se declaró en dificultades financieras, a pesar de que todos los años celebra decenas de conciertos en todo el mundo y de que sus discos han vendido más de 18 millones de copias.
Según la transcripción del testimonio, Ayala Rodríguez debía al IRS alrededor de 1 millón de dólares a título personal y El Cartel Records debía 2 millones adicionales.
De momento, Daddy Yankee no ha estado disponible para confirmar si ha pagado la deuda con el IRS, o si se ha incrementado desde entonces.
El productor argentino Diego De Iraola ganó la citada demanda en noviembre de 2014, por 2 millones de dólares, y la sentencia fue confirmada el pasado 20 de abril.
Eso quiere decir que Daddy Yankee, además de su evasión al IRS, ahora también debe esos 2 millones de dólares a Diego De Iraloa, más una cantidad sustancial por los gastos legales del productor, que no se ha determinado de momento.
Ante el desenlace del caso, la precaria situación financiera que pinta el artista y su negativa a pagar la sentencia, el demandante (Iraola) pidió al Tribunal para el Distrito del sur de la Florida registrar la sentencia y orden de embargo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, donde el cantante declaró que están sus propiedades, cuentas bancarias y corporaciones.
Durante el caso, el reguetonero juró no tener propiedades, corporaciones ni cuentas bancarias fuera de Puerto Rico. Sin embargo, varias fuentes del CPI han confirmado que eso no es cierto, y que tiene activos en el exterior.
A finales de marzo, la corte ordenó el embargo de las propiedades y cuentas bancarias del cantante y de sus corporaciones, sus equipos y maquinaria, autos, y de las acciones de Ayala Rodríguez en sus cuatro corporaciones: El Cartel Records, Los Cangris, DY Merchandising y DY Broadcasting, según consta en el expediente del caso.
Sin embargo, cuando se iba a proceder al embargo de los bienes, la visita a la residencia de Daddy Yankee nunca se dio porque el proceso de embargo fue detenido temporalmente el 11 de abril.
El motivo es que la esposa del reguetonero acudió a la corte con el argumento de que no pueden embargar los mencionados activos porque todos pertenecen a la “sociedad de bienes gananciales”, que no figura como demandada en el pleito original.
Una de las abogadas del caso, afirmó:
El intento de Daddy Yankee de evadir su responsabilidad escudándose tras la sociedad conyugal es fallido como cuestión de derecho. De entrada, su argumento es totalmente contrario al mandato constitucional de fe y crédito que establece como válidas y exigibles las sentencias entre cortes de distrito hermanas.
Además señaló que detener “el embargo” tendría el efecto práctico de convertir a Daddy Yankee en una persona “inmune a sentencias” en el estado de Florida.
En Puerto Rico, las corporaciones disqueras de Daddy Yankee han estado reportando mayormente pérdidas, reveló en abril el CPI.
Información confidencial y corroborada apunta a que en el Departamento de Hacienda, tanto las empresas como el matrimonio Ayala-González han tenido un patrón cuestionable de declaración de ingresos y han rendido contribuciones inconsistentes con la actividad comercial del artista durante la pasada década, sin haber sido investigados hasta ahora por la agencia.
En la pasada década de éxitos y ventas millonarias, hubo años en que las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris han pagado $0 contribuciones.
Como es práctica frecuente y legal en diversas corporaciones, tanto Ayala como González se pagan a sí mismos como empleados de estas corporaciones, de acuerdo con la información obtenida.
Ayala ni Prado han estado disponibles para reaccionar a la información y desde marzo se han negado a contestar las preguntas del CPI sobre el tema de las responsabilidades contributivas.
El caso sigue abierto.
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