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La entrada en vigor del Acuerdo del Consejo de la Administración Provincia para regular el precio de los pasajes ya tiene sus efectos y tres licencias de transportistas privados fueron retiradas este lunes, según informó Radio Reloj.
Estos hechos suceden tras las denuncias de la población sobre las infracciones cometidas por los boteros a la hora de establecer las tarifas de los pasajes.
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La administración repartió a 34 inspectores en puntos estratégicos de La Habana para llevar a cabo un control de 840 vehículos y, según el director de Inspección Estatal de Transporte, Erasmo Arias; no se produjo ninguna violación.
En este sentido si el titular de un auto niega la veracidad de la demanda, los trabajadores estatales ponen en marcha un proceso de vigilancia para verificar o descartar posibles irregularidades.
Según detalló Yarelis Mirabal, funcionaria de la Inspección Estatal de Transporte, la gran parte de las denuncias llegaron el pasado sábado al habilitarse el teléfono 1820.
A la hora de registrar una denuncia telefónica lo primero es dar a conocer el número de matrícula del auto, además del precio del pasaje cobrado.
El Acuerdo del Consejo de la Administración Provincial establece que los transportistas por cuenta propia, no pueden subir el costo del pasaje, pues la obtención del combustible para el ejercicio de la actividad no ha tenido cambios que propicien esa situación.
Calles abarrotadas y protestas silenciosas de boteros
Las primeras consecuencias de la medida estatal provocó las quejas de clientes que lamentan la masificación de los servicios. "Desde el Parque Central hasta el Teatro Martí había tanta gente esperando taxis que pasabas trabajo para caminar por la acera. Cuando alguno paraba, los hombres empujaban a las mujeres para montarse. Era la ley del más fuerte", relataba un usuario a Diario de Cuba.
La razón de esta aglomeración de gente es porque "muchos chóferes se pusieron de acuerdo para no salir a trabajar el lunes", explicaba un botero. "Es una manera de protestar, de demostrar la cantidad de personas que movemos y que, sin nosotros, el transporte del Estado no alcanza", alertaba.
Según narraba Amarilis a la citada publicación su sueldo no le llega para coger taxis. Esta trabajadora estatal aprobó la puesta en marcha de la medida "ya que los precios estaban altísimos para un trabajador, que los suban más es un crimen". Sin embargo lo que ella pensó que no le afectaría, al no recurrir al transporte privado, terminó por convertirse en una importante molestia en su día a día.
"Lo que he pasado para coger el la guagua no tiene nombre", lamentó. "Había el doble de las personas que hay normalmente en la parada y las guaguas venían llenas hasta el tope. Yo creía que no, pero la verdad es que al final siempre salimos afectados los mismos", denunció.
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