Incrementa la presión del gobierno cubano sobre la oposición

El gobierno cubano, lejos de relajar la presión que ejerce sobre los ciudadanos que considera díscolos, no deja de aumentar esta presión. Durante la última semana, las coacciones y detenciones sobre las organizaciones y ciudadanos que no están de acuerdo han crecido exponencialmente.

Según informó este viernes ‘Diario de Cuba’ varios agentes de la seguridad del Estado se personaron en las oficinas de Cubalex (Centro de Información Legal), interviniendo la sede y confiscando todos los discos duros y dispositivos de almacenamiento.

Desde las 10 de la mañana, más de una veintena de agentes vestidos de civil se presentaron en el centro y una vez todos los trabajadores se encontraban en el interior irrumpieron bravamente en el local causando daños en la puerta de la cocina.

Dos horas más tarde, a las 12:30 horas, detuvieron y transportaron a la prisión de 100 y Aldabó a Dayán Pérez Noriega, mientras que Amado Iglesias, Diego Ricardo, Ariadna Romero Bonet, Yamara Curbelo Rodríguez, María Bonet, Teresa Perdomo y Laritza Diversent, directora de Cubalex, permanecían todavía en el interior.

Según Laritza Diversent se acusa a Cubalex y sus trabajadores de unos supuestos “delitos económicos”.

Semana negra para los ciudadanos

Esta acción de las fuerzas del Estado se enmarca en toda una serie de operativos que han actuado contra diversos agentes sociales del cambio de la sociedad cubana.

Desde la semana pasada diversos activistas han sido detenidos o coaccionados por el gobierno para perturbar o impedir sus actividades en la isla.

El pasado viernes, la policía detuvo, golpeó y vejó a tres activistas del Partido Arco Progresista que portaban camisetas de #Otro18 reclamando candidatos alternativos para las elecciones de 2018.

Por último, también la Unión Patriótica de Cuba ha sumado un “preso político” a su organización (y ya van 43) tras la detención de 23 de sus afiliados. Y en la misma semana, la Coalición Sindical Independiente denunciaba públicamente las trabas orquestadas por la policía para impedir una reunión de varias organizaciones afines.