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Los que vivimos fuera de Cuba conocemos, o hemos visto, documentales sobre cárceles; escuchamos a cada rato noticias de "reality shows" del estilo Gran Hermano que transcurren en instituciones carcelarias, o de prisiones convertidas en museos o incluso en hoteles para aquellos que quieren "sentir" como vive un presidiario.
En Cuba no hay Gran Hermano, ni realities, ni documentales, mucho menos carcelarios, y si por los medios informativos fuera ni siquiera habrían delincuentes, presos, ni cárceles.
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En Cuba diariamente la delincuencia no es materia de crónica que sin más puedas leerte en un periódico o ver por el noticiero, sino solo de obras de ‘ficción’ en ya añejas series dramatizadas como Día y Noche o Tras la huella.
Los delincuentes en Cuba habitualmente no tienen rostros, voces o historias propias captadas por las cámaras o micrófonos de periodistas profesionales: solo tienen las que les prestan actores y las que les escriben o adaptan guionistas televisivos designados para ello.
Los delincuentes en las series policiales cubanas solo se visibilizan durante la ejecución del delito, mientras están en la calle, en sociedad, todavía impunes. Una vez ‘atrapado el criminal’, fin de la moraleja: se acaba el episodio, su historia desparece él con, le llega su muerte ‘social’; no sabemos más de él, de su nueva condición, de su vida en prisión, como si esta no importara pues toda la justicia ya está hecha.
Hasta donde mi ignorancia me concede saberlo, a día de hoy en Cuba aún no se ha filmado ningún reportaje periodístico, documental o material de ficción largo, corto o seriado, mucho menos en cárceles reales, que haga un seguimiento real a qué es un prisionero cubano promedio, qué es una cárcel cubana, y ya pedirle al ICRT un docureality sobre vida carcelaria en la Isla sería no tener ni idea qué clase de país estamos hablando.
Pero pese a quejarnos, reconozcamos que el cómodo y cómplice silencio sobre la vida carcelaria en Cuba obedece a un pacto consentido socialmente entre el gobierno y buena parte de la ciudadanía gobernada gracias al prejuicio de que un preso siempre es un preso, alguien que si está en una cárcel buena o peor, si sus derechos o dignidad son habitualmente vulnerados o no, no importa: algo habrá hecho para estar allí, y todo lo que le suceda, incluido lo malo, además de merecido, forma parte de su destino penal.
Eso hasta el día en que el preso es un familiar o un ser querido.
Según cifras gubernamentales de los últimos cinco años, la población carcelaria en la Isla ronda las 57 mil personas. Por supuesto, estadísticamente nunca serán cifras fiables: las autoridades e instituciones cubanas habitualmente rechazan supervisiones de su sistema carcelario por parte de entidades nacionales y extranjeras con el eterno pretexto de no revelar datos sensibles que armarían a los enemigos de la Revolución de argumentos para atacarla, prefiriendo pasarle por encima al asunto un barnizado edificante.
Así, de esos más de 57 mil, 32 mil estarían en régimen de internamiento, 26 mil en instalaciones abiertas, cerca de 23 mil serían empleados asalariados, unos 27 mil recibirían escolarización y más de 24 mil participarían en programas de capacitación laboral, educativos, deportivos y culturales como la gira Expedición que en 2008 llevó a Silvio Rodríguez durante cuatro meses por 16 prisiones con músicos, pintores, cineastas y escritores.
En un Informe de 2013 del Centro Internacional para el Estudio de las Prisiones, Cuba ocupaba el séptimo lugar en la relación de presos por habitantes, 510 por cada 100 mil habitantes, uno de los peores promedios mundiales, aunque la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional eleva las cifras a 70 mil reclusos.
Si en 1959 había 14 prisiones, una sola de alta seguridad, hoy esa cantidad se estima en 200, 5 de alta seguridad, todas sobrepobladas hasta el punto de que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha señalado que, después de El Salvador, Cuba es el país centroamericano y caribeño con la más alta tasa de hacinamiento carcelario.
A esa densidad poblacional contribuiría un código penal con leyes tan peculiares como las de Peligrosidad pre-delictiva que permite encarcelar entre 1 y 4 años a personas técnica y jurídicamente inocentes, solo por ejercer el derecho de expresión y asociación.
Y es que, política aparte, el mundo penitenciario cubano reproduce en miniatura la macroestructura social cubana, hunde sus raíces en las mismas desigualdades sociales, penales, económicas, educativas y de represión a la diversidad vividas fuera de rejas.
Con una población penal mayormente joven, masculina, destacándose los menores de 30 y los comprendidos entre 31 y 40 años, bajo nivel educacional, carencia de apoyo familiar o familias desestructuradas, la mayoría desempleada al ingresar en prisión, pocos son obreros estatales con sueldos incapaces de cubrir necesidades básicas, casi todos pobres o marginales.
Con esta foto, claramente el delito en Cuba se perfila como escape a la pobreza e injusticia sociopolítica, con un código penal y un sistema penitenciario incidiendo más punitivamente contra los sectores más desfavorecidos.
Prueba de ello es que los delitos más frecuentes son robo, hurto, lesiones, infracciones contra la propiedad, homicidios, peligrosidad pre-delictiva, todos motivos de subsistencia, alto coste de la vida, desconfianza en instituciones estatales militarizadas, indefensión ciudadana y todos de cara a una clase dirigente privilegiada y a menudo delictivamente impune.
Por otro lado, el Estado monopoliza una gestión carcelaria en la que toda la sociedad civil tendría que participar activa e inclusivamente, además de cuestionarla en pro de los derechos de los presos.
No pedimos que en cuba las cárceles se abran a una gestión hotelera ni menos a un espectáculo televisivo. Nos conformamos con un nivel básico y general de información sobre su realidad cotidiana, y con una participación ciudadana articulada con la estatal en estrategias preventivas del delito con personas en situaciones de riesgo y marginación, de lucha contra la pobreza y la exclusión mediante políticas educativas y laborales que cubran las necesidades básicas de esta población, sus familias, y potencie su dignidad humana.
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