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Desde hace años Cuba viene librando una dura batalla para combatir las irregularidades urbanísticas en el país. Sin embargo, aunque año tras año se solucionan muchas, siguen apareciendo continuamente casos de irregularidades urbanísticas, lo que supone un grave problema.
En la última sesión de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana, el director de la Dirección Provincia de Física, Juan Miguel Herrera declaró: “Estamos hablando de un horizonte de 52 000 ilegalidades levantadas en la capital, de las cuales en el 2016 nos propusimos erradicar 12 000 y siguen surgiendo nuevas infracciones.”
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Pese a que queda mucho camino por recorrer, la Asamblea recalcó que a nivel global se han cumplido los objetivos marcados en un 108%. Sin embargo, los municipios de Regla, Guanabacoa y Habana Este no han llegado a la meta establecida.
Diferentes fuentes señalan que el problema en la Isla reside en la gran complejidad de los trámites asociados a la construcción de viviendas. Otras causas que podrían explicar la persistencia de las construcciones ilegales en el país podrían ser la baja imposición de multas a los infractores, la lentitud de ejecución de las demoliciones, la falta de cooperación entre los diversos actores del sistema o las prácticas habituales de soborno y la corrupción.
Nuevas líneas de trabajo
Para seguir enfrentando al problema, la Asamblea Popular de la Habana anunció la implementación de un programa de capacitación del personal que atiende a la población y el mejoramiento de las condiciones de trabajo en entidades municipales de este tipo.
La prevención podría ser un arma para acabar con el problema aunque en este momento la tónica habitual es la denuncia de ilegalidades. Una vez las autoridades estudian el caso denunciado la respuesta habitual es la multa y demolición del inmueble que incumple la normativa.
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