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Incesantes filtraciones de aguas albañales, ocasionadas por el mal estado de un inmueble estatal, han perjudicado durante diez años la integridad de una familia cubana que radica en La Habana Vieja. Ante las incontables quejas de los afectados, el Estado sigue negándose a asumir la responsabilidad.
"Es frustrante. Si el vecino fuera un particular, otra persona, esto se hubiera resuelto; pero el Estado no asume su responsabilidad", dijo a Diario de Cuba, Mildre Batista, propietaria de la vivienda que colinda con un edificio que ha estado ocupado por diversas instituciones en la esquina de Habana y San Juan de Dios.
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Según apunta la mujer, el edificio ha pasado de una institución a otra, pero los problemas de plomería han perdurado desde que se mudó en el año 2007. "En ese momento, en el edificio estaba la Unidad Provincial de Inversiones de la Construcción (UPIC). En muchas ocasiones hablamos con la directora, le pedimos que resolviera la situación de sus baños, que dan pared con pared y afectan el baño, el cuarto y la escalera de mi casa", relata Mildre.
A los siete años, el hijo menor de Batista comenzó a padecer de una infección respiratoria provocada por el ambiente insalubre que propician las filtraciones de desechos albañales. Poco después, ella misma se enfermó de estafilococos.
"En 2013 vino para el edificio la Dirección Municipal de Planificación Física, que ha querido desentenderse del problema", cuenta Félix González, esposo de Mildre. Como delegado de su zona, la número 58 del municipio La Habana Vieja, sus quejas en varias instancias han caído en sacos rotos.
Cuando Planificación Física ocupó el edificio contiguo, González platicó con la directora, Paulina Escathmit y la respuesta que recibió fue que esta no había recibido el inmueble oficialmente y no podía hacer nada al respecto.
"Seis meses después volví y recibí la misma respuesta, así en varias ocasiones. Actualmente las oficinas de Planificación Física están acomodadas ahí y Paulina sigue diciendo lo mismo. Ella no quiere asumir que la responsabilidad es suya", insiste.
Mildre, por su parte, acudió al Poder Popular del municipio, donde expuso su caso al presidente de la Asamblea Municipal, Manuel Omar González. "El presidente me aseguró que ya se había otorgado presupuesto para hacer las reparaciones. Llamó a la directora a contar y le dio una semana para responder", señala a DDC.
Han pasado dos meses y aún nada ha cambiado en el edificio, el destino del presupuesto otorgado por el Poder Popular es aún desconocido. "Ya no me queda otra cosa por hacer", comentó Mildre, quien ha comenzado un proceso legal.
Con información de DDC.
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