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El arresto por parte de la Fiscalía de Caracas, Venezuela, a efectivos del ejército que asesinaron a 12 personas en zonas aledañas al municipio de Acevedo de Miranda, representa un serio compromiso por parte no solo de ese cuerpo judicial, sino también del gobierno por llevar la paz a un país que parece no encontrarla debido a la ola de delincuencia e inseguridad que lo azota.
Según un reporte de AP, del cual se hizo eco el sitio digital Diario de Cuba, hasta el propio presidente Nicolás Maduro había ordenado la degradación y expulsión de los militares, al tiempo que el ministro de Defensa apuntaba que "ordenó la profundización en las investigaciones".
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A partir de ahora, el Ministerio Público imputará a los efectivos "por delitos contra los derechos humanos y solicitará medidas de protección para los testigos, señaló la Fiscalía.
Se trata de un teniente coronel y otros 10 suboficiales del Ejército, cuyos nombres no revela la nota, que fueron acusados del asesinato de doce personas que habían detenido previamente, según sus familiares, sin motivo alguno. El hecho ocurrió en el marco de un operativo de seguridad llamado "Operación de Liberación al Pueblo" encaminado a enfrentar la violencia en el país.
La denuncia fue hecha en la Fiscalía por los propios familiares de los desaparecidos, detenidos entre los días 16 y 19 de octubre.
Pero según organizaciones internacionales veladoras de los derechos humanos, analistas, y personas dentro del país, la Operación de Liberación al Pueblo, no ha cumplido su cometido, y se trataría de otro plan más fracasado del gobierno venezolano. Las cifras, y las denuncias así lo atestiguan.
Desde que este comenzara en julio de 2015, las fuerzas de seguridad venezolanas han llevado a cabo más de 135 operaciones, y cada vez que el gobierno ha lanzado un "operativo" dentro del "Operativo Mayor (OLP)" han "caído en el enfrentamiento" numerosas personas, pero otras fueron detenidas y sus cadáveres encontrados luego.
Según investigaciones, entre julio de 2015 y febrero de 2016, "decenas de víctimas y testigos aportaron relatos específicos y detallados de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad que participaron en operativos de la OLP, lo cual otorga credibilidad a las demás acusaciones de abusos." Además, existen denuncias creíbles de que los mismos agentes que efectuaron los allanamientos, no solo golpearon a sus víctimas, sino que también les robaron objetos y articulos personales de valor.
Según una nota fechada en octubre de este 2016 por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), "desde julio de 2015 y hasta la fecha, más de 700 personas han sido asesinadas por miembros de la PNB, SEBIN, Guardia Nacional y CICPC en el marco de estos operativos."
con información de Diario de Cuba, Provea y Human Right Watch
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