Desorden en transporte urbano a causa de precios límite para taxistas privados

El tope de precio, de obligatorio cumplimiento, anunciado en el periódico Granma del jueves nueve de febrero, ha traído como consecuencia momentánea las aglomeraciones en horas picos, así como la incomodidad de los transeúntes ante el creciente caos del transporte urbano, debido a la notable disminución del número de vehículos y la negativa de los taxistas a que les impongan los precios que deben cobrar.

Mientras el transporte público regular, a partir sobre todo de ómnibus, es inexistente, caótico y totalmente ineficiente, se toma esta medida cuyo evidente propósito proviene de la necesidad de proteger a la población por el incremento incesante del precio del transporte, y por el fraccionamiento de las rutas con tal de cobrar el doble o el triple por tramos cada vez más cortos. Y quienes viven lejos de sus centros de trabajos simplemente quedan fuera de los recorridos o deben pagar mucho más de lo aceptable.

La detección de violaciones de las presentes tarifas, según informó Granma, ya sea por denuncias de la población, o por resultado de las acciones de control, conllevan a la cancelación de la Licencia de Operación del Transporte, e incluso puede incluir el decomiso del medio de transporte.

Los miles y decenas de miles de cubanos prácticamente obligados a emplear taxis privados, ante la imposibilidad de acceder al más barato pero infernal transporte público (guaguas), se ven beneficiados por el establecimiento de estas tarifas, pero siempre queda la posibilidad de que los taxistas eludan el cumplimiento de la medida negándose al alquiler de los tramos baratos y limitándose a los recorridos largos y medianos, que son más caros.

Mientras los cubanos de a pie se acostumbran a las nuevas leyes que, se supone, benefician su bolsillo, y a exigir su cumplimiento, mientras los taxistas buscan el modo de seguir maximizando las ganancias, trasladarse sigue siendo un dolor de cabeza, sobre todo en horarios pico, y al final las verdaderas víctimas siguen siendo los que no tienen carro, es decir, la enorme mayoría de los habaneros.

La enorme demanda de taxis privados permite, y en alguna medida favorece, la ilegalidad de que el taxista cobre más de lo que debe. Porque cuando alguien permanece una hora o dos en una parada sin que pare ninguna guagua y veinte boteros se hayan negado a llevarte, porque están haciendo tramos cortísimos más ventajosos para ellos, uno llega el momento que paga lo que le pidan.

Algunos piensan que por lo menos se ha dado un paso para regular precios que amenazaban con el más total descontrol, para perjuicio de la mayoría. Y aunque la solución del precio topado implica el constante enfrentamiento, e incluso riñas, entre usuarios y boteros, pues estos últimos están acostumbrados a cobrar lo que les da su gana, pues al menos es un paso para tratar de mejorar el transporte público.

Sería bueno ver si se tomarán medidas con la indisciplina social generalizado entre los choferes de guagua que maltratan al público, paran cincuenta metros antes de las paradas (haciendo imposible el acceso de ancianos, niños, mujeres embarazadas), y para colmo se les permite cobrar más de lo establecido en tanto se les autorizó a ni siquiera preocuparse por entregar el vuelto.