Bogotá (EFE).- La decisión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de utilizar al Tribunal Supremo para despojar de su poder a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, ha generado gran repercusión y preocupación en los gobiernos del resto de países americanos que observan con preocupación la “ruptura del régimen democrático en el país”.
El Tribunal, controlado por el poder venezolano, acusó de desacato al Parlamento por incumplir varias sentencias y anunció que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional. Según el Tribunal Supremo venezolano, la situación de "desacato" de la Asamblea Nacional desde hace un año impide que sus diputados puedan gozar de “inmunidad parlamentaria”
Como consecuencia, la justicia venezolana ha concedido atribuciones especiales especiales a Maduro en materia penal, militar, económica, social, política y civil.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó la decisión del Supremo de "autogolpe de Estado" y recordó que es "urgente" la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática".
Almagro solicitó en un reciente informe la suspensión de Venezuela de la OEA si no convocaba elecciones generales en los 30 días siguientes y 14 países americanos exigieron al Gobierno de Nicolás Maduro un calendario electoral y la liberación de los "presos políticos".
Perú anunció hoy el retiro definitivo de su embajador en Venezuela e indicó que ya inició consultas con países de la OEA para que en el marco de la Carta Democrática se adopten con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela".
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que es "inaceptable lo que ocurre en Venezuela".
EE.UU. pidió "al Gobierno de Venezuela que permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos".
Brasil repudió la sentencia que suspende "arbitrariamente" la inmunidad de los parlamentarios venezolanos y dijo que mantendrá su política de examinar la "preocupante situación" conjuntamente con todos los países de la región "interesados".
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, llamó a "recomponer el orden democrático" e insistió en la necesidad de que se cumpla con un calendario electoral y se liberen a los "presos políticos".
"Esta situación nos lleva a consultar con los países amigos el cómo proceder de ahora en adelante", señaló el canciller chileno, Heraldo Muñoz, quien aclaró que lo ideal es que "los propios venezolanos resuelvan sus asuntos", pero "claramente esto va en la dirección opuesta".
El canciller mexicano, Luis Videgaray, aseguró que a su país le preocupa "de manera grave el deterioro del orden democrático en un país hermano" y subrayó que deben ser los venezolanos, en ejercicio pleno de su soberanía, "los que resuelvan los problemas".
Panamá hizo un llamado "al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas".
El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) aseguró que la "aberrante" decisión del Supremo "consolida una feroz dictadura donde no existe independencia de poderes".
La organización de derechos humanos Venezuela Awareness (VA) alertó de las "gravísimas consecuencias inmediatas" del "golpe de Estado" ejecutado.
Congresistas cubano-estadounidenses del estado Florida (EE.UU.) repudiaron que el "régimen de Maduro le quite el poder al Parlamento" para "dar otro paso a la tiranía" y pidieron a los países de la región que presionen en favor de la democracia.
"Ojalá la comunidad internacional ayude a que metan preso a Maduro y a (los) integrantes del Tribunal Supremo y Venezuela convoque a elecciones cuanto antes", dijo el expresidente colombiano Álvaro Uribe.
El premio nobel de Literatura Mario Vargas Llosa pidió a Latinoamérica aceptar la iniciativa de aplicar la Carta Democrática a Venezuela, porque el chavismo "ha violado todas las libertades públicas y todas las instituciones que defienden la democracia".
El gobernador opositor venezolano Henrique Capriles denunció en Bogotá que en su país se ha dado un "Madurazo" y pidió a la OEA que convoque "de emergencia" al Consejo Permanente, mientras que el partido opositor Voluntad Popular (VP), al que pertenece el líder preso Leopoldo López, instó a retomar las movilizaciones de calle para "imponer la voluntad del pueblo".
La activista venezolana Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, denunció que "hoy es eliminado el voto de 14 millones de venezolanos" y pidió que se active la carta democrática.
También ha comenzado ya las protestas en la calles de Venezuela que reclaman la libertad en Venezuela
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