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La Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las víctimas de la Trata de Personas, la italiana Maria Grazia Giammarinaro, conoció este martes las acciones que lleva a cabo Cuba para contrarrestar estos hechos.
En un encuentro con la Ministra de Justicia de la isla, María Esther Reus, Giammarinaro profundizó en el llamado plan de acción nacional para la prevención y enfrentamiento a la trata de personas, un documento donde el gobierno cubano expone su política contra esta práctica.
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El informe fue entregado a la experta italiana el pasado 30 de marzo por la Misión Permanente de Cuba en la ONU en medio de los preparativos de su viaje a la Isla.
La investigadora reconoció que La Habana ha mostrado voluntad y decisión para plantarle cara a estos hechos con determinación y una política de cero tolerancia, destacaron medios locales.
Maria Esther Reus reveló tras el encuentro que el Ministerio de Justicia diseñó un grupo de estrategias para enfrentar los delitos de tráfico humano y trata de personas, mientras se refirió a la necesidad de conocer los diversos matices y riesgos que conllevan estas amenazas.
Como parte de su visita oficial a la isla, la experta se reunió en la mañana de este martes con el Presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo, en la sede del legislativo cubano.
“Lazo ratificó la política cubana de tolerancia cero contra cualquier manifestación de trata de personas y la voluntad de cooperación internacional del país en el enfrentamiento a ese grave delito”, señaló la agencia estatal Prensa Latina.
En los próximos días la especialista de la ONU cumplirá con una agenda que incluye visitas a centros educativos e instituciones de orientación a la mujer y la familia.
Giammarinaro viaja a la isla a solo dos meses de la eliminación de la ley de “pies secos pies mojados”. Para lograr el “sueño americano” muchos salían ilegalmente por las costas cubanas tras pagar altas sumas a los traficantes de personas o se vinculaban a las mafias latinoamericanas que les prometían trasladarlos hacia Estados Unidos.
La eliminación de dicha política fue considerada como un acto de justicia por el gobierno de La Habana, al tiempo que provocó que muchos cubanos quedaran varados en países como México tras ver cómo se les esfumaba la posibilidad de entrar legalmente a Estados Unidos.
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