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CARACAS, 28 jun (Reuters) – A Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela y quien se ha opuesto a decisiones del Poder Judicial y a la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de instalar una Asamblea para reformar la Constitución, se le prohibió salir del país mientras se decide si hay razones para enjuiciarla, en medio de un conflicto de poderes que llevó a la funcionaria a desconocer horas antes otras decisiones de los magistrados.
El martes el Tribunal Supremo de Justicia ya había dictado dos sentencias que otorgan facultades que eran exclusivas de la Fiscalía a la Defensoría del Pueblo, lo que la fiscal general consideró como una provocación.
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Días antes, la titular del Ministerio Público denunció una persecución por haber tomado distancia del Gobierno desde que empezaron las protestas antigubernamentales en abril.
La funcionaria se ha opuesto a decisiones del Poder Judicial y a la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de instalar una Asamblea para reformar la Constitución.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó en un comunicado que la Sala Plena acordó citar a Luisa Ortega a una audiencia el 4 de julio, como parte del proceso para decidir sobre el recurso legal presentado por un diputado oficialista que busca su destitución.
Los jueces ordenaron, al tomar la decisión, otras medidas cautelares como la congelación de sus cuentas bancarias y la prohibición de vender sus bienes, al tiempo que le impiden abandonar el país sudamericano.
"Estoy preparada para todo", había dicho Ortega en una entrevista de radio luego de que el TSJ admitió la solicitud de antejuicio de mérito en contra de la funcionaria.
El martes, el TSJ había anulado además la designación del vicefiscal y dijo que será su Sala Constitucional la que nombrará a uno nuevo, en sentencias que se emitieron casi al tiempo que un policía atacaba desde un helicóptero con granadas la sede de la corte, sin que hubiese víctimas.
(Reporte de Corina Pons; Editado por Javier López de Lérida)
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