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Miami, 5 jul (EFEUSA).- El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, enfrentará problemas con la justicia, si es hallado responsable por la detención prolongada e inconstitucional de un joven de origen hondureño, antes de ser entregado la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Fuerzas policiales del Condado Miami-Dade, bajo las órdenes de Giménez, entregaron a Garland Creedle, de 18 años y ciudadano estadounidense, a las autoridades migratorias, luego de que este fuera detenido el pasado mes de marzo pasado por una disputa doméstica.
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La demanda, impuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida sostiene que a Garland Creedle lo mantuvieron detenido por orden de Inmigración, al considerarlo un extranjero "deportable".
En la querella, a nombre de Creedle, ACLU cuestiona la política de Giménez, quien en enero pasado ordenó a la Policía cumplir con las solicitudes de detención prolongada de Inmigración, y lo insta a revertirla.
"Aunque Creedle tenía derecho a ser liberado inmediatamente después de pagar una fianza, los funcionarios de Miami-Dade lo mantuvieron en la cárcel basado en la suposición de que él era un extranjero deportable", señaló ACLU.
Las polémicas órdenes de detención emitidas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que no son de obligatorio cumplimiento, han estado en el centro de discusión de las llamadas "ciudades santuario" y han sido declaradas "inconstitucionales" por algunas cortes del país.
Giménez, que en diciembre de 2014 había ordenado no seguir esas directivas de ICE, cambió de opinión este año como respuesta a las amenazas del presidente Donald Trump de reducir recursos federales a las jurisdicciones que no colaboren con las autoridades migratorias en asuntos que no son de obligatorio cumplimiento.
"Advertimos al condado sobre los peligros que representa la decisión prematura de ceder a las amenazas antiinmigrantes de la administración Trump", dijo Amien Kacou, abogado de ACLU.
Señaló que el condado de Miami-Dade debe "negarse a servir como herramienta de la excesiva política de inmigración".
ACLU señala que por ley se requiere una "orden judicial", no simplemente una "solicitud de un funcionario federal" para detener de forma prolongada a una persona en la cárcel.
La demanda fue presentada por ACLU y la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami y un bufete de abogados del sur de Florida.
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