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Washington, 18 jul (EFEUSA).- El Gobierno norteamericano confía en el sector privado para llevar inversión a los países centroamericanos, en lugar de que el Gobierno estadounidense aporte fondos, según explicó hoy John Creamer, responsable para Centroamérica, México y Cuba en la oficina para Latinoamérica del Departamento de Estado.
En un acto de la Americas Society & Council of the Americas (AS/COA), Creamer y representantes empresariales apostaron por el sector privado para impulsar el desarrollo en la región del Triángulo Norte; El Salvador, Guatemala y Honduras, cuya violencia y falta de oportunidades han impulsando los flujos migratorios hacia Estados Unidos.
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"Aunque el Gobierno (de EEUU) tiene una responsabilidad y puede hacer mucho por Centroamérica en cuestión de estabilidad, necesitamos un sector privado fuerte y su inversión para crear puestos de trabajos", aseguró el subsecretario adjunto del Departamento de Estado.
Creamer explicó que el Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, que contempla como necesarias y dependientes entre si la prosperidad con la seguridad, está comprometido a continuar trabajando con los países del Triángulo Norte.
Estados Unidos pretende colaborar en materias de migración, crecimiento económico, fortalecimiento de las instituciones y su transparencia, y en la lucha contra las organizaciones criminales trasnacionales que transportan droga hasta el país norteamericano.
Por ello, apostó porque el sector privado apoye la creación de infraestructuras, la integración económica y el desarrollo energético en El Salvador, Guatemala y Honduras.
"El foco de nuestra ayuda no está en entregar dinero, sino en que la inversión privada cree un ambiente con instituciones fuertes, seguridad y estabilidad", agregó Creamer.
La primera propuesta presupuestaria de Trump incluyó un sustancial recorte a la ayuda exterior a Latinoamérica, con reducciones a la asistencia proporcionada a todos los países del continente, un cambio que podría notarse especialmente en Centroamérica.
El presupuesto -que se presentó el pasado 23 de mayo, debe ser aprobado por el Congreso y podría sufrir cambios- concede 37.600 millones de dólares al Departamento de Estado, lo que supone un descenso de 614 millones respecto al año fiscal 2016.
El recorte a Centroamérica, en caso de que fuera aprobado, reduciría la ayuda al desarrollo y al fortalecimiento institucional que había potenciado el anterior Gobierno de Barack Obama.
Guatemala obtendría 80,7 millones de dólares, frente a los 131,2 millones que recibió en el año fiscal 2016; Honduras se quedaría con 67,8 millones (frente a los 98,2 de 2016), y El Salvador con 46,3 millones (frente a los 67,9 anteriores).
Sin embargo, la propuesta presupuestaria de los republicanos de la Cámara de Representantes para el año fiscal 2018, presentada hoy, no contempla unos recortes tan draconianos para la región.
Para Triángulo Norte de Centroamérica, una cuarta parte de los fondos solo se desembolsarán si sus gobiernos demuestran que están combatiendo el tráfico de personas y la inmigración irregular, y colaborando para acoger a indocumentados expulsados de EEUU.
Y otro 50 % de esa ayuda está condicionado al cumplimiento del plan conocido como Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, al combate a la corrupción y la implementación de reformas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas.
Este enfoque en la zona, del Gobierno de Trump, llega después de la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica que reunió el pasado mes en Miami al vicepresidente, Mike Pence, junto a los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y Honduras, Juan Orlando Hernández, además del vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz.
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