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El Procurador General de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció la víspera que "las urbes que no permitan que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entren en las prisiones federales o locales perderán los fondos que el gobierno suele asignarles".
Según han señalado varios medios, esto vendría a cumplir uno de los temas recurrentes de Donald Trump durante su campaña presidencial, ya que el actual mandatario había prometido el recorte de fondos a las "ciudades santuario" como un supuesto método para eliminar de modo gradual la criminalidad en el país y la entrada y el refugio de inmigrantes ilegales.
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Sin embargo, las ciudades que dependan de estos fondos, conocidos como Becas de Asistencia Judicial Byrne, al parecer no solo tendrán que permitir la entrada de los agentes del ICE a sus instalaciones, sino que también deberán facilitar información sobre el estatus migratorio de los prisioneros, y notificar, desde 48 horas antes, la orden de libertad de cualquier reo sobre el que pese una orden de aprehensión.
"Las llamadas políticas santuario nos ponen en peligro pues socavan de manera intencional nuestras leyes y protegen a extranjeros ilegales que han cometido delitos", explicó Sessions en un comunicado, y luego añadió que las nuevas medidas "destruirán las pandillas violentas que arruinan el país".
"Esto es lo que los ciudadanos estadounidenses deberían esperar de sus ciudades y estados, para hacer que nuestro país sea más seguro", agregó.
Varias figuras políticas de Nueva York, Miami, Seattle o California, así como de otras importantes urbes norteamericanas, han expresado su rechazo a esta campaña impulsada por Trump desde hace ya varios meses.
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