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En la mañana del pasado sábado 5 de agosto, la Fiscalía de la provincia de Pinar del Río pidió tres años de prisión para la economista independiente cubana Karina Gálvez por el “presunto delito de evasión fiscal durante la transacción de compra de su vivienda”.
"La petición fiscal son tres años de privación de libertad, subsidiadas con limitación de libertad, o sea, que no sería en la cárcel. Serían tres años de limitación de libertad más la confiscación de la casa. Esto es lo que la Fiscalía pide al Tribunal", según declaró la economista a Diario de Cuba.
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Karina Gálvez es miembro del Consejo de redacción de la revista “Convivencia”, y fue detenida a comienzos de este año durante seis días. Desde entonces su casa ―que fungía como sede del proyecto― se encuentra precintada y en poder de las autoridades.
El equipo de trabajo de la revista “Convivencia” piensa que lo sucedido a Gálvez forma parte de un “hostigamiento continuado y creciente" contra ellos.
En un comunicado dado a conocer en meses atrás, el equipo de la revista declaró:
“La sentencia que emane de ese proceso, como sabemos, tiene como fin limitar el trabajo del Centro de Estudios Convivencia, privarlo de su sede de estudios, desestabilizar y reprimir a sus miembros y atemorizar a los ciudadanos”.
A finales del pasado mes de mayo el grupo aseguró: "No nos vamos de Cuba, a pesar de los momentos duros de represión que estamos viviendo".
Karina Gálvez ha explicado a DDC que esta es "la primera vez que el abogado va a tener acceso al expediente de la causa" por la cual está siendo procesada.
"En el sistema judicial cubano, los abogados no tienen acceso ni al expediente ni a nada del caso hasta tanto sean notificados por el Tribunal. Ahora sobre la base de lo que esté en el expediente, los argumentos de la fiscal, pues el abogado hará su defensa y lo tiene que presentar en el Tribunal en cinco días hábiles que es el plazo que tiene él para hacer sus conclusiones. Luego el Tribunal decidirá la fecha del juicio”.
En abril la economista pagó una "fuerte sanción administrativa" impuesta por la Oficina Nacional Tributaria (ONAT) de 40.452 pesos como multa por la presunta evasión fiscal de la que se le acusa.
"Es una injusticia que se aplique esta ley por un supuesto delito que generalmente cometen todos los cubanos por desconocimiento porque el mercado libre inmobiliario no existe en Cuba. Cada vivienda tiene una tasación oficial y por esa es por la que yo había pagado el impuesto (después de la compra de mi vivienda). Por mi parte nunca ha habido intención de librar el fisco, porque yo pagué el impuesto mínimo que estaba establecido. Esto puede ser que esté dentro de la legalidad, pero es una gran injusticia", explicó Gálvez.
Desde hace algunos meses la acusada presentó un expediente ante organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, y ha explicado su caso a diplomáticos de la Unión Europea.
Convivencia es una "revista sociocultural" que se describe a sí misma como "umbral para la sociedad civil y la ciudadanía en Cuba" y que parte de la consideración de que "La patria, las instituciones y las calles son y deben ser de todos los cubanos".
Con información de Diario de Cuba.
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