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El nuevo Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas, aprobado por el Gobierno cubano a primeros de este mes de agosto, estará vigente en el trienio 2017-2020 y prevé penas de hasta 30 años de cárcel para las personas que incurran en delitos de proxenetismo, corrupción de menores y venta y tráfico de niños.
Estas sanciones se aplicarán en los casos más graves. Para el resto se contemplan medidas que van desde la confiscación de los bienes o la prohibición para ejercer una profesión hasta la suspensión temporal de los derechos paternos filiales. Así lo publicó el pasado 2 de agosto La Gaceta Oficial de Cuba.
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El Plan recuerda que el Código Penal cubano admite sancionar hechos delictivos en grado de tentativa (cuando se inicia un delito, pero por determinadas razones éste no se llega a cometer). En estos casos, los tribunales cubanos tienen potestad para proceder a requisar bienes conseguidos, según las leyes cubanas, de manera ilícita y expulsar extranjeros del territorio nacional tras cumplir la sanción principal. En el caso de que sean los padres, tutores o profesores los que incurran en un delito contra niños, niñas o adolescentes, se suspenderán inmediatamente las relaciones paterno-filiales-tutelares.
Asimismo, el Plan establece que los menores de 17 años no podrán trabajar en Cuba a menos que, "de forma excepcional" los adolescentes de entre 15 y 16 años puedan ser autorizados a incorporarse al trabajo, siempre que lo aprueben el director municipal de Trabajo y los padres o tutores.
Según publicó ayer el diario Granma, Cuba hará hincapié en el control de los contratos de trabajo que se ofrezcan a los cubanos desde dentro o desde fuera de la isla. También se incrementará la vigilancia en las salidas del país de niños y adolescentes.
En el texto del nuevo Plan, el Gobierno de Cuba admite que se enfrenta a delincuentes nacionales y extranjeros que actúan cada vez de manera más sofisticada, lo que constituye un reto para las autoridades de la isla a la hora de aplicar medidas "de prevención, enfrentamiento y protección a las víctimas".
El Ministerio de Justicia será el encargado de darle cumplimiento al Plan contra la Trata de Personas aprobado para aplicarse en Cuba entre este año y 2020. Se centrará, sobre todo en labores de prevención y detección de delitos. Para ello está abierta la puerta a "la actualización de normas jurídicas que garanticen "la severidad de las penas".
La relatora especial de la ONU para los derechos humanos de las víctimas de la trata, Maria Grazia Giammarinaro, que estuvo hace poco en Cuba fue informada del nuevo Plan y concluyó que el reto está en aplicar todas las medidas contempladas.
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