Este jueves 26 de octubre fueron detenidos tres altos cargos venezolanos en Madrid a petición del Departamento de Justicia de EE.UU., que exige su extradición a una prisión federal en Houston.
Los tres “boliburgueses” fueron arrestados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la capital española. Los detenidos son Nervis Villalobos, César Rincón Godoy y Luis Carlos de León. Dos de ellos están siendo investigados por el caso Duro Felguera, un delito de corrupción que se orquestó desde Houston (Texas).
Según destacan medios de prensa, allí se les acusa de participar en una compleja trama organizada desde la oficina de compras en EE.UU. de la compañía estatal petrolera venezolana (PDVSA).
Nervis Villalobos (que fue viceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez) y Javier Alvarado Ochoa (que ocupaba la presidencia de la compañía Electricidad de Caracas) además de ser muy cercano al entonces presidente de PDVSA, están siendo investigados también por el presunto pago de sobornos millonarios por la empresa Duro Felguera.
Un juez de la Audiencia Nacional española se está encargando de la investigación de este caso tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que acusa al presidente del Duro Felguera (Ángel Antonio del Valle), y a su antecesor (Juan Carlos Torres Inclán), de pagar 105 millones de dólares (más de 89 millones de euros) en comisiones a personas vinculadas con la Administración de Chávez para sobornar a funcionarios públicos y favorecer los intereses de la empresa.
La querella incluye también a dos de los detenidos ahora ―Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa― antiguos miembros del Gobierno de Hugo Chávez, así como a dos sociedades vinculadas a los venezolanos.
Según el texto de la querella, admitida a trámite por la Audiencia Nacional, el grupo asturiano llegó a pagar a Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006, un total de 105.627.600 dólares, (89 millones de euros) entre 2008 y 2013.
La Fiscalía considera que Duro Felguera usó la capacidad de influencia que Villalobos tenía en el Gobierno venezolano para conseguir contratos.
Las alarmas saltaron el 13 de marzo de 2015 a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que detectó pagos en una cuenta del Banco Madrid (ya desaparecido).
Según destaca el diario El Confidencial, "la compañía asturiana firmó tres contratos de prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica, en los años 2008 y 2011, con dos empresas vinculadas a Villalobos. En concreto, Técnicas Reunidas (Terca) e Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre), también querelladas”.
El Ministerio Fiscal considera que la finalidad de estos contratos era encubrir el pago de las comisiones y los sobornos para conseguir la ejecución de proyectos en Venezuela.
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