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Una cuentapropista de la ciudad de Santa Clara no podrá continuar con la actividad económica que venía realizando hasta ahora: la comercialización de agua purificada para consumo humano, pues las regulaciones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) contemplan que solo el Estado puede distribuir dicho recurso.
Según publica el diario Vanguardia, Ana Rosa Cardoso, que trabaja en el proyecto de desarrollo comunitario EcoFinca, se fijó el objetivo, como emprendedora, de obtener "un producto 100% libre de bacterias, virus, sales y decenas de otros agentes perjudiciales", para lo cual disponía de una planta de purificación de tecnología moderna que no dejaba ninguna huella ecológica negativa.
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“Más de un santaclareño adquirió allí el preciado líquido, pero tristemente la titular trabajaba con aguas fuera de la ley, pues el negocio contravenía la indicación No. 58 de 2017, emitida por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que prohíbe la venta de agua embotellada por personas naturales", señala la fuente.
Según explica el medio periodístico, Ana Rosa contaba con una patente como elaboradora y vendedora de alimentos y bebidas a domicilio, que a su entender la facultaba para operar en el tratamiento y la comercialización del líquido. Sin embargo, esa actividad no está reconocida como modalidad del trabajo por cuenta propia. Una que sí lo está, la de aguador, difiere de ésta en que el trabajador únicamente transporta el agua a los consumidores, no la somete a proceso alguno.
La EcoFinca cuenta con dos pozos de los que hasta ahora Ana Rosa extraía el agua. El método de desmineralización del líquido era la ósmosis inversa, una técnica mediante la cual se separan los sólidos disueltos en el agua. El producto obtenido disponía de la correspondiente licencia sanitaria del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Ministerio de Salud Pública.
En cuanto al precio, era muy competitivo, en comparación con el valor del litro que procesan las embotelladoras estatales: por 60 pesos, los interesados recibían 19 litros. Pero el agua de Ana Rosa no solo se vendía, pues unos 70 pacientes con enfermedades hepáticas u oncológicas, así como el hospital pediátrico José Luis Miranda y el hospital ginecobstétrico Mariana Grajales, la recibían gratuitamente.
A pesar de esto, la presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Inés María Chapman, envió una misiva a los presidentes de los Consejos de la Administración provinciales y delegaciones de Recursos Hidráulicos, en la que dejó claro cuáles son los límites: "El acceso al agua potable es un derecho humano del cual se ocupa el Estado. En los trabajos decretados para ejercer por cuenta propia no se reconoce ninguno que comercialice agua potable, excepto el aguador".
"La venta de agua –añadió– no puede convertirse en un medio para enriquecerse. En nuestro país se comercializa el agua a precios subsidiados, de forma tal que todos puedan acceder a ella".
El caso ha llevado a que la delegación provincial del INRH retirara a Ana Rosa el permiso para continuar vendiendo agua, aunque mantiene la patente para la comercialización de comestibles. "Tenían que habernos consultado a nosotros al inicio –dice un funcionario–, le hubiéramos dicho: ‘Negativo, no procede’, pues su licencia no ampara esta actividad. No se contó con Recursos Hidráulicos para emitir esa patente".
Para concluir, la reportera de Vanguardia traza una línea de comparación con un caso tratado por el periódico camagüeyano Adelante: el del cuentapropista Ariel Escalona, de Esmeralda. Escalona tiene una planta de hielo, vende el producto a personas naturales y jurídicas, y cuenta con el apoyo del gobierno local. La contradicción, a la luz de las mismas leyes, es patente: "¿El de Ana Rosa es un inconveniente nacional o solo para Villa Clara? ¿Acaso el hielo no es también agua?"
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