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Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) intensificaron su trabajo durante el primer año de Donald Trump en el cargo. Según el sitio web MiamiNewTimes, la agencia arrestó en 2017 a 6.192 inmigrantes en Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, un 75 por ciento más que el año pasado, periodo en el que solo 3.524 personas fueron detenidas.
“Eso es un 75 por ciento más de personas arrancadas de sus familias. Eso son miles de personas expulsadas del país, sin importar cuánto tiempo hayan vivido aquí. Eso es más de 2.500 inmigrantes adicionales detenidos en condiciones terribles en centros privados de detención de ICE”, expresa el artículo.
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Lo peor es que estas cifras están lejos del pico de deportación de Barack Obama. Durante el gobierno demócrata, el ICE arrestó a más de 10.000 personas cada año en Florida, desde 2009 hasta 2013. La cifra subió a 15.000 en 2011 y 2012.
Según explica MiamiNewTimes, muchos activistas inmigrantes llamaban a Obama “deportista en jefe”, pues este aumentó la aplicación de la ley de inmigración a niveles nunca antes vistos. ABC News da la cifra de 2.5 millones de inmigrantes, más personas que cada uno de sus predecesores juntos.
Esas cifras facilitan a la administración de Trump el recrudecimiento de sus acciones. En total, ICE arrestó este año a 143.470 inmigrantes indocumentados a nivel nacional, en comparación con 110.104 el año pasado.
“A lo largo de 2017, los activistas inmigrantes han advertido que ICE simplemente ha sido más ‘malo’ que en años anteriores: correos electrónicos filtrados muestran al ex jefe de Seguridad Nacional y actual jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, ordenando a ICE retratar a los inmigrantes indocumentados como criminales, para justificar una serie de redadas previas al ‘amanecer’ de este año. Dichos correos electrónicos tenían la intención de minimizar el hecho de que la agencia ha estado persiguiendo a personas que no han cometido crímenes”.
Luego de recibir severas críticas, Obama ordenó a ICE que dejara de deportar a las personas indocumentadas que no habían cometido crímenes, y que se concentraran en aquellas arrestadas por delitos violentos. Trump revocó esa decisión en enero. Nueves meses más tarde, las detenciones de no delincuentes se habían duplicado, según datos ofrecidos por el Washington Post. La policía de deportación fue descubierta colocada en los juzgados un 900 por ciento más a menudo, con el objetivo de capturar a personas desprevenidas.
Mientras tanto, no criminales como la mexicana Guadalupe García De Rayos, del estado de Arizona, que había vivido en los Estados Unidos desde los 14 años, fueron deportados. Incluso en las llamadas ciudades santuario –aquellas que se niegan a informar a ICE acerca de sus inmigrantes detenidos–, los inmigrantes fueron blanco de redadas de deportación, lo que significaba algo así como un “jódete”, extremadamente transparente, de parte de ICE a los gobiernos de aquellas urbes que se negaron a cooperar con Trump.
Pero Miami-Dade no estuvo incluida en ese grupo. En enero, el alcalde del condado, Carlos Giménez, se convirtió infamemente en el primero de esa gran ciudad en cumplir con la ofensiva de Trump.
Giménez fue objeto de protestas inmediatas, una huelga de hambre y hasta una demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, después de que los funcionarios de Miami ilegalizaron a un ciudadano estadounidense que pasó la noche en la cárcel, porque ICE exigió por error que lo detuvieran.
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