Conexión espirituana con la estafa al Medicare

Hace ya tres años que Orelvis Olivera Amador, conocido por Papo, está entre rejas en los Estados Unidos. Este ciudadano cubano, que fue detenido en la Florida por estafa al Medicare, –programa de seguro médico del gobierno de ese país–, ideó un astuto plan para enriquecerse ilícitamente, del que también se aprovecharían sus familiares y amigos en Cuba. En la Isla abrió al menos dos paladares, un hostal y construyó viviendas.

El periódico Escambray, de la provincia de Santi Spíritus, ha publicado un extenso reportaje acerca de cómo aquellos que ayudaron al infractor a “vestir de legalidad” las ganancias obtenidas con sus delitos en Estados Unidos, están también procesados.

Todo comenzó el 30 de septiembre de 2014, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer en su web oficial, la acusación de la fiscalía al propietario de una agencia de atención médica a domicilio de Miami, quien había estafado al Medicare por ocho millones de dólares.

Era Olivera Amador, cubano con ciudadanía norteamericana, quien aparecía como uno de los titulares de la sucursal Acclaim Home Health Care Inc. Los hechos estaban claros: dicha agencia, que promovía cuidados médicos y servicios de terapia física a los beneficiados por el Medicare, sobornó a personas para que reclutaran a pacientes asegurados por el citado programa federal y se unieran a Acclaim para aparentar recibir sus servicios.

Asimismo, solicitó y obtuvo comisiones por agregar enfermos a otras agencias de cuidados médicos radicadas en Miami.

Todas esas estafas posibilitaron que desde mayo de 2008 hasta junio de 2014, la Acclaim Home Health Care Inc. facturara al Medicare ocho millones de dólares por créditos fraudulentos; de esta cifra, alrededor de 7.3 millones fueron por servicios nunca prestados. Todo ese dinero desfalcado iba a manos del cubano.

Por todo ello, la Fiscalía lo acusó por los delitos de conspiración para cometer fraude al seguro médico, conspiración para pagar y recibir comisiones, y pago y recibo de comisiones en conexión con el programa federal de beneficio del seguro médico.

"Invertir" las ganancias en Cuba

Olivera Amador había abandonado legalmente Cuba en 2005. Marchó a Panamá y de ahí siguió hacia Estados Unidos. En octubre de 2006 fue su primera visita a la Isla. La última, unas semanas antes de su arresto.

Pero con todo el dinero que estafaba en Estados Unidos, era lógico que quisiera “invertir” en su país natal. Para ello utilizó como “prestanombres” a familiares y amistades, imprescindibles a la hora de adquirir inmuebles y otros bienes en las provincias de Sancti Spíritus y La Habana. Según documentos a los que tuvo acceso Escambray, desde agosto de 2007 hasta julio del 2014, viajó a Cuba en 26 oportunidades.

En la capital cubana adquirió por 17.000 CUC una amplia vivienda que reparó y convirtió en un lujoso hostal. Uno de sus cómplices, que fungía como representante y administrador de las propiedades de Amador en la capital, reveló a la policía que los ingresos de ese negocio se depositaban en las cuentas bancarias de la madre de Papo, –la propietaria de la casa en papeles–, y el resto (alrededor de 3.000 CUC al año) se destinaba a promocionar el negocio en Internet. De esa tarea se ocupaba un cubano que reside en Canadá.

También en Zaza del Medio, en la provincia espirituana, compró dos viviendas contiguas, con la cooperación de un hermano. La supuesta legalidad de los dos actos de traspaso consumados ante notarios se continúa investigando en el proceso penal, pero ambas viviendas ya fueron confiscadas.

Las dos casas —una de ellas en ruinas—, fueron demolidas para luego renacer, como otra vivienda en la planta baja y una paladar en la segunda, administrada por otro familiar.

Según la publicación, la investigación policial demostró la no correspondencia entre lo plasmado en el documento notarial y lo ejecutado en el nuevo inmueble. Además, se comprobó que Papo sufragó la adquisición de los materiales de la construcción, la mano de obra empleada, así como la compra de artículos y medios para el funcionamiento de la unidad gastronómica, nombrada “Papo’s Paladar”.

Pero su verdadera “joya” era el “Papo Boulevard”, en la calle Independencia de la ciudad espirituana, restaurante ubicado en otro apartamento comprado por Orelvis Olivera gracias a los trámites de otro pariente, quien asumió la administración del negocio. Por último, Papo adquirió otra vivienda en la ciudad y un auto marca Hyundai, valorado en 26.000 CUC.

La Fiscalía provincial reveló que, como parte del proceso del expediente confiscatorio No. 1 de 2016, se les concedió a Orelvis Olivera —representado por un familiar— y a los terceros implicados, el derecho de aportar las pruebas que acreditaran la procedencia legal de todo ese patrimonio. Pero ninguno de los documentos suministrados probó la licitud de lo adquirido.

"¿Cómo entró a Cuba el dinero que Orelvis invirtió aquí?", preguntó el periódico a uno de los investigadores del caso.

“Él mismo lo ingresó en efectivo, sin declararlo en sus constantes viajes a nuestro país, y con ello violó las regulaciones establecidas por la Aduana General y el Banco Central de Cuba. También aprovechó los viajes de su mamá a Estados Unidos y los de una sobrina, residente en esa nación, a Cuba”, detalló.

Otro engaño salió a la luz en el proceso: el fraude eléctrico. El pasado año se dejaron de facturar en las viviendas espirituanas de Papo 10.164 kilowatts, lo que significan 20.366 pesos no ingresados al Estado.

Por último, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria le determinó una deuda ascendente a 197.694 pesos –pagada más tarde– al familiar de Orelvis Olivera a cargo de la paladar del bulevar, en su condición de trabajador por cuenta propia.

Bienes y dinero confiscados

El patrimonio personal y familiar del expedientado Olivera Amador durante el período de sus actividades ilícitas, se fijó en 8.102.342 pesos.

En total, lo confiscado asciende a 6.436.942 pesos, mientras que los bienes sujetos al proceso penal están valorados en 1.599.949 pesos, y lo que se ha dejado para la subsistencia de los terceros beneficiados fueron 65.450 pesos.

El Ministerio de Finanzas y Precios acogió la pretensión confiscatoria promovida por la Fiscalía General y adjudicó a favor del Estado cuatro viviendas, un auto, una cuenta bancaria ascendente a 4.516 CUC, otras dos en moneda nacional —totalizan 151.228 pesos—, 4.090 CUC en efectivo y 550 euros.

El automóvil fue puesto a disposición del Ministerio de Industrias y los inmuebles pasaron al fondo estatal. Queda pendiente la reubicación de sus moradores en otras viviendas. Con el proceso administrativo finalizado, solo resta la causa penal, donde la Fiscalía presentará las evidencias de un supuesto lavado de activos.

“Por ahora —concluye el reportaje–, se torna cuando menos sospechoso que el ciudadano Orelvis Olivera Amador se haya hecho, por ejemplo, de un apartamento en el Vedado, en La Habana, puesto a nombre de un familiar, valorado en 2.250.000 pesos y que disponía hasta de una cámara de circuito cerrado en la puerta de entrada, quién sabe para qué”.