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Ha ocurrido en Veguitas, un pueblo del municipio granmense de Yara. Un campesino de la zona, Orestes Rodríguez Vega, solicitó en 2012 al Gobierno municipal permiso para instalar un puesto de venta de productos agropecuarios en la intersección de las calles José A. Saco y Modesto Díaz de su pueblo. Le dieron la autorización y todo iba bien hasta que el habitáculo comenzó a ser desvalijado con frecuencia y facilidad por los ladrones.
Fue entonces cuando Orestes Rodríguez pidió al Gobierno otro permiso para hacer el quiosco más seguro. Le dieron luz verde, se gastó 60.000 pesos y levantó su local ahora de mampostería. Todo marchó bien durante dos años. En 2014 le llegó una carta del Gobierno municipal informándole de que no podía seguir vendiendo en ese punto porque el lugar se iba a utilizar como consultorio médico.
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El campesino afectado es socio de la Cooperativa de Crédito y Servicios Benilde Orozco de Veguitas y a través de ésta reclamó una indemnización al Gobierno municipal de Yara. Para evitar que su historia caiga en saco roto, ha escrito a la sección Acuse de recibo del diario Juventud Rebelde, que ha recogido su caso.
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