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Los vendedores por cuenta propia que cada día acuden a comercializar sus productos a la feria de Monterrey, o como se le conoce popularmente, La Cuevita, en el municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana, se sienten molestos y defraudados por la situación allí reinante.
Un reportaje del diario Juventud Rebelde describe la actividad comercial de la zona, la cual no siempre se da dentro de la ley. Marisel Díaz, fundadora del área y secretaria de la sección sindical, denunció que la feria ha tenido más de 20 administradores en los tres años de creada, lo que influye en la poca protección legal de los trabajadores.
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Es así como se han dado casos en que personas investidas de autoridad han exigido dinero a cambio de no imponer una determinada sanción o no suspender una licencia.
“Lo que exigimos es que las sanciones se correspondan con lo legislado y que el mecanismo de reclamación funcione en caso de supuestos errores, y así, sentirnos protegidos al denunciar y no caer en estos chantajes”, puntualizó.
Según la publicación, en La Cuevita también se pueden encontrar numerosos vendedores furtivos que ofrecen “artículos que ‘desaparecen’ con frecuencia o que exhiben precios más altos en establecimientos estatales”. El surtido incluye desde útiles del hogar, ropa y calzado, bisutería, hasta electrodomésticos.
Yaisel Martínez Ramos, administra de la entidad, reveló que la entrada de vendedores a la feria es negativa para los cuentapropistas, quienes ven cómo sus ganancias disminuyen mientras están pagando por el espacio donde realizan su actividad.
“Para enfrentar las ilegalidades se trabaja en conjunto con la Policía Nacional Revolucionaria, con la dirección de Trabajo y con el cuerpo de supervisión integral del territorio”, refirió. Pero a pesar de ello, los ilegales siguen pululando por el lugar.
Juan Antonio Pelayo, de 63 años, es uno de los titulares del área. Él narró como a veces, cuando los ilegales intentan huir de la policía arrastran a las personas, y han llegado a lastimar a niños y ancianos. “Eso, sin mencionar que vienen padres con sus hijos pequeños y hasta mujeres embarazadas a vender ilegalmente”, añadió.
Con él coincidió Yanet Bulgar, especialista de la Dirección Integral de Supervisión y Control, quien asegura que la agresividad de los ilegales en La Cuevita es mayor que en otras ferias. “Los detectamos, se les notifica, se multan, y al otro día vuelven a entrar; aunque se les multe una vez más, siempre regresan”.
Muchos de los trabajadores del local se quejan de no ser bien tratados por las autoridades debido a la mala fama del lugar, incluso cuando ellos sí pagan lo establecido a la ONAT y mantienen en orden su contrato y su licencia de cuentapropista.
El Área Comercializadora Monterrey se creó en enero de 2014. En ella laboran alrededor de 500 personas; de ellas, 252 son trabajadores por cuenta propia. Según Rosa María Vázquez Hernández, especialista principal de Gestión por Cuenta Propia en la Unidad Básica de Comercio en el municipio, en este momento se desarrolla un proyecto que mejorará el ambiente del área, donde hoy se hacinan los puntos de venta.
También se incorporarán nuevos titulares a la feria y se agruparán los puestos de acuerdo al tipo de mercancía que comercialicen. Habría que ver si con ello se dificulta el acceso de los vendedores ilícitos, que según la administradora del lugar no pueden ser controlados por los inspectores, quienes sin embargo han tratado de chantajear a los comerciantes legales.
Otro de sus problemas es la ausencia de materias primas para la producción. Así afirmó Juan Antonio, dueño de una licencia para comercializar bisutería y prendas de vestir, quien no encuentra las materias primas para elaborar sus productos.
“Los inspectores nos exigen la legalidad de las materias primas, pero ¿dónde están? En las tiendas solo encontramos algunas y en la mayoría de los casos son intermitentes. No tenemos aseguramiento de ningún tipo”, concluyó.
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