Viñales, al tope de ilegalidades por "culpa del turismo"

Durante febrero, un grupo de especialistas del IPF y del Consejo Nacional de Patrimonio “hará un levantamiento metro a metro de las ilegalidades".

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Este artículo es de hace 6 años

Autoridades de Viñales, uno de los principales polos turísticos de Cuba y recién elegido como entre los 25 destinos mundiales más cotizados este año, denunciaron que en el famoso enclave confluyen violaciones e ilegalidades que atentan contra su condición de Patrimonio Natural de la UNESCO.

En un extenso reportaje publicado el sábado por el diario Juventud Rebelde, directivos del sector turístico en esa localidad lamentaron que muchos habitantes incurrieran en numerosas violaciones urbanísticas por satisfacer las necesidades de los visitantes foráneos.


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Declarado Monumento Nacional en 1978, Área Protegida en 1998, Paisaje Cultural de la Humanidad en 1999 y Parque Nacional en el año 2001, el Valle de Viñales “es un sobresaliente paisaje cársico, en el cual los métodos tradicionales de agricultura (principalmente la cosecha de tabaco) han sobrevivido sin cambios durante varios siglos. La región también conserva una rica tradición vernácula en su arquitectura, artesanías y música”, según apuntes de la Guía Operacional de la Convención Mundial del Patrimonio.

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Con el paso del tiempo, indica el informe, la afluencia de visitantes creció. Datos cuantificados por el Ministerio del Turismo indican que en 2016 fueron más de 700 000 los visitantes, y unos 600 000 el pasado año.

El poblado se fue modificando al punto de acoger unas 2 300 habitaciones de renta, más de 130 paladares y alrededor de 5 000 trabajadores por cuenta propia, según datos ofrecidos al referido medio por José Antonio Valle Crespo, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

Desde hace décadas, la localidad se rige por recomendaciones internacionales que garantizan su protección. “Se hablaba de la necesidad de tener en cuenta las posibles afectaciones que podría generar el turismo”, indicó Nilson Acosta Reyes, vicepresidente del Consejo Nacional de Patrimonio.

En el año 2000 se aprobó ampliar la capacidad hotelera en la región, sector perteneciente en su totalidad al Estado, “pero no crecer en nuevas construcciones” de particulares. “La apertura de la actividad cuentapropista por un lado (…) provocó un interés general por Viñales. Población de fuera del territorio comenzó a crear facilidades vinculadas al turismo, como servicios gastronómicos y de alojamiento”, añadió Acosta.

“La cantidad de personas que se ven no son todos pobladores, sino personal atraído por el comercio, ya que el destino es una fuente de empleo. Están los que trabajan en la construcción, los que contratan para servir, lavar y limpiar, por ejemplo”, explicó Nidia Cabrera Huerta, directora de la Oficina Técnica de Monumentos del Centro Provincial de Patrimonio Cultural.

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Para estos funcionarios, el turismo en sí no es tanto riesgo para Viñales como las ilegalidades asociadas a los servicios, en expansión precipitada, para dar respuesta a las demandas de tan alta cifra de visitantes.

Todo lo que modifique la imagen tradicional incide en los valores por los cuales fue inscrito como Patrimonio Mundial. Si se cambian los colores tradicionales, las cubiertas de las casas, si se crece en altura, o sobre las áreas cultivables, ello causará un problema significativo en este paraje, señaló el reporte.

“En el año 2004 enviamos una comisión, se hizo un informe al Gobierno advirtiendo los riesgos que corría el sitio a consecuencia del descontrol, tanto por dónde se estaba creciendo, como en la manera en la que se estaba haciendo. Lo mismo había viviendas de dos plantas y sobredimensionadas, que construcciones que no respetaban el ordenamiento urbano”, acotó por su parte Acosta Reyes.

De acuerdo con la nota, en el actual año, el punto de venta de materiales del municipio ofrece más de 12 900 tejas criollas dispuestas para la venta, tanto para personas a las que se les aprobaron subsidios estatales como para todos los interesados en comprarlas.

"A partir de que se electrificó el Valle en el año 2015, fue preciso adoptar medidas, porque hubo un incremento de construcciones. En ese momento se acordó limitar las edificaciones en la zona. Ahora se pretende cambiar las cubiertas de un grupo de viviendas que, tras el paso de los huracanes, se cubrieron con zinc y fibra”.

Según Acosta Reyes, en la actualidad hay edificaciones construidas que son “verdaderamente aberrantes”. “En 2017 se volvió sobre una evaluación que se hizo de los sitios cubanos, y allí planteamos del peligro que tiene la región”, dijo.

En la zona comprendida por el Valle en cuestión se identificaron “un grupo de ilegalidades, y se han ofrecido las alternativas para restaurar y hacer que las construcciones cumplan lo establecido en el marco regulatorio”, refirió Luis Mena Quiñones, especialista local de Patrimonio.

“Entre las medidas se ha propuesto el rescate de los parterres, el uso de la paleta de colores aprobada para el lugar, la reforestación de las principales calles, la pintura homogénea en inmuebles apareados como parte de una misma construcción, la sustitución de patios pavimentados por jardines tradicionales, el uso de plantas propias de la zona en lugar de rejas, y el empleo de luminarias acordes con el sitio, sobre todo en horario nocturno”.

Algunas violaciones están asociadas a las propias actividades que se realizan para satisfacer las necesidades de los turistas: senderos destinados para las caminatas hoy están siendo usados para cabalgatas, en un territorio en el que existen más de 126 trabajadores con licencias de alquiler de animales.

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“Por eso tomamos la decisión de ordenar la actividad de alquiler de animales. Primero se estableció que es el titular quien puede ejercerla, y cada uno puede tener hasta cinco caballos. Es una alternativa para poder proteger los senderos. Hoy están ubicados en los puntos de salida, los caballos están certificados y exigimos que por las zonas por las cuales transitan no hayan microvertederos, al ser caminos vecinales o tierras pertenecientes al Parque Nacional”, sostuvo Valle Crespo.

Juan Carlos Rodríguez Díaz, presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, explicó que las construcciones deben tener un correcto derrotero legal que debe verificarse por el Instituto de Planificación Física (IPF), Vivienda, la Agricultura, y la Dirección Integral de Supervisión.

“Una de las medidas que se tomó fue la restructuración de la subcomisión de Arquitectura, subordinada a la Comisión de Monumentos, por la importancia que tiene y el cúmulo de propuestas constructivas que aparecen hoy en Viñales con segundos niveles, inversiones en patios traseros, remodelación de viviendas; algunas tienen tres o cuatro cuartos para arrendamiento y varios baños”, amplió.

El directivo lamentó las violaciones en construcciones que fueron planteadas con determinadas características, se ejecutaron en realidad con otras formas y materiales. Este descontrol se debe, en alguna medida, a la falta de inspectores de IPF en el territorio.

Diosdel Ortega Díaz, director del IPF, indicó que cuenta solo con dos de esos especialistas, uno de ellos de reciente incorporación. “La fuerza laboral fluctúa mucho, pues emigra al sector cuentapropista atraída por salarios muy por encima de lo que devengan en nuestra institución. Ello provoca que empleemos personas que vienen de otras esferas y no disponen de todos los conocimientos en cuanto a las regulaciones vigentes para Viñales”, agregó.

Durante el presente mes de febrero, adelantó el diario, un grupo de especialistas del IPF y del Consejo Nacional de Patrimonio “hará un levantamiento metro a metro de las ilegalidades, con ayuda de homólogos del municipio y de la provincia, para adoptar las medidas pertinentes”.

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