Queman empresa en Cuba para encubrir faltante de 34 mil dólares en carne de cerdo

Al menos unos ocho trabajadores con cargos administrativos fueron encontrados culpables de pagar a un joven la suma de 10 000 pesos para irrumpir en la sede empresarial e incendiar los archivos de documentos y equipos electrónicos.

Carne de cerdo © CiberCuba
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Este artículo es de hace 6 años

Directores, administradores y contables de varias unidades agrícolas en la central provincia de Sancti Spíritus quemaron la sede la Empresa Provincial de Acopio (EPA) para esconder un desfalco de más de 34 mil dólares en venta de carne de cerdo, informó la prensa oficialista.

Según el diario local Escambray, casi una decena de directivos se confabularon para incendiar el edificio de Acopio en junio de 2016, con el objetivo de borrar las evidencias del millonario fraude que habían sido recogidas en una auditoría reciente. Hoy, todos los detalles sobre el hecho han llegado a los medios nacionales.


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Procesado bajo la Causa No. 174/2016 en la Sala Primera de lo Penal, del Tribunal Provincial Popular, la investigación constató una defraudación económica a Acopio ascendente a unos 825 623.24 pesos, que incluyó los delitos de malversación, falsificación de documentos bancarios y de comercio, y ocultación u omisión de datos.

Al menos unos ocho trabajadores con cargos administrativos fueron encontrados culpables de pagar a un joven la suma de 10 000 pesos para irrumpir en la sede empresarial e incendiar los archivos de documentos y equipos electrónicos.

El perpetrador, Carlos Rodríguez Rodríguez de 21 años, huyó de la escena hacia un auto Moskvitch conducido por Jorge Luis Maya Rodríguez, entonces administrador del Mercado Agropecuario Estatal (MAE) No. 13, de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Comercializadora Sancti Spíritus, y su padre, Jorge Luis Maya Soler.

El día del incendio, explica el reporte, iban a discutir los resultados de una auditoría promovida por Acopio en la UEB Comercializadora del municipio capitalino, “y más de un administrador de MAE parecía hundido hasta el cuello”.

A Clemente Hernández Rojas, director general de Acopio, no llevaba todavía un año en el cargo, pero sabía que la entidad empresarial “tenía una economía con un descontrol total; descontrol en las finanzas, en las cuentas por cobrar y pagar…”, indicó.

Fue Hernández quien sacó a la luz dos hechos en el MAE No. 4, de la UEB Jatibonico, sancionados rigurosamente con apego a la Ley. En la UEB Sancti Spíritus, por otro lado, se comprobó que el faltante de carne de cerdo “casi topaba las nubes, camuflado en una cuenta por pagar a la Empresa Porcina Provincial (EPP)”.

El día anterior al siniestro, los implicados se reunieron en Jobo Gordo, Colón, en la vivienda de Isleydi Pérez Herrera, técnica en Gestión Económica de la UEB Comercializadora Sancti Spíritus, “para evaporar la documentación relacionada con los faltantes económicos descubiertos en los MAE 2, 13 y 29, ubicados en la ciudad cabecera”.

Allí asistieron Jorge Luis Maya Rodríguez, administrador del MAE 13 por esa fecha, quien se habría agenciado de productos y subproductos de carne de cerdo, recibidos de la EPP, correspondientes a 20 facturas por el valor total de 612 367.97 pesos a precio de venta, en la primera mitad del 2016.

Las tres facturas de igual mercancía imputadas a Elvis Lazo Cruz, al frente del MAE No. 29, sumaron 60 551.34 pesos, y las cinco atribuidas a Rediel Lorenzo Ramírez, administrador del MAE No. 2 y no presente en Jobo Gordo, totalizaron 129 849.76 pesos.

De igual forma, participaron Isleydi Pérez Herrera e Isbelkys Betancourt Bernal, directora contable financiera de la EPA, así como Ivanys Prieto Díaz, especialista comercial en la UEB Compra Venta, quien se apropió de parte de los productos cárnicos que le ofertaba a Acopio, falsificó documentación y se deshizo de otra para evadir la justicia al saber de la auditoría en curso en la EPA.

En declaraciones a Escambray, Jesús Martín Casanova, contralor jefe en Sancti Spíritus, achacó el hecho a “la falta de supervisión y control por la dirección de la empresa, así como a la deshonestidad de los implicados que utilizaron sus funciones para beneficio personal”.

“No hubo un proceso de saneamiento y de decir: esta persona está cometiendo un delito, una irregularidad; vamos a separarla, vamos a extirpar el daño. Lo que se hacía era cambiarla de posición. La responsabilidad era de las UEB, y de la empresa por permitirlo; había que limpiar”, admite el actual director de la EPA, Clemente Hernández.

El área jurídica de la empresa ha reportado numerosos hechos de corrupción, que han devenido en siete separaciones definitivas en la UEB de Jatibonico y nueve en la de Sancti Spíritus, además de 18, de diferente carácter, impuestas a personas de esas entidades que no tuvieron una participación directa en los casos expuestos.

“Acopio es una empresa vulnerable porque trabaja con comida, con dinero en efectivo, con más de 140 mercados y placitas; pero realmente podemos decir que los delitos por descontrol económico aquí fueron sofocados”, alega Hernández.

Durante el 2017, la EPA procuró aumentar el salario promedio por trabajador a 654 pesos, aún insuficiente, según el propio medio, en aras de evitar este tipo de percances.

Las condenas

Los jueces de la Sala Primera de lo Penal, del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus sentenciaron al acusado Jorge Luis Maya Rodríguez con una sanción conjunta y única a cumplir de 18 años de privación de libertad por los delitos de malversación y de estragos.

Por iguales delitos, Elvis Lazo extinguirá una condena conjunta y única de 10 años de privación de libertad; en tanto, Rediel Lorenzo fue penado a nueve años de privación de libertad por malversación.

Las encartadas Isleydi Pérez e Isbelkys Betancourt cumplirán una sanción conjunta y única de 18 años de privación de libertad cada una por malversar las arcas estatales y por el delito de estragos.

Como consecuencia de haber falsificado documentos bancarios y de comercio como medio a fin de cometer una malversación y de haber ocultado u omitido datos, Ivanys Prieto Díaz permanecerá 10 años en la cárcel, al valorarse una condena única.

También, el Tribunal encontró culpables a Carlos Rodríguez y a Jorge Luis Maya Soler, quienes cumplirán cuatro años cada uno por el delito de estragos, vinculado con el incendio, causante de significativos daños a la sede administrativa de la EPA, además de poner en riesgo la vida de dos analistas de turno que dormían allí el día del siniestro.

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