En Cienfuegos los mercados están vacíos. Los cuentapropistas llevan semanas en una huelga silenciosa contra las regulaciones que tomó el Gobierno en noviembre pasado, cuando acordaron topar los precios de los productos agrícolas en la provincia. La medida fue tomada por el Consejo de la Administración del territorio y según dijeron, sería temporal y serviría para paliar la crisis alimenticia consecuencia de los destrozos provocados por el huracán Irma.
Las nuevas tarifas serían de carácter obligatorio en los mercados estatales, la agricultura urbana y suburbana, las plazas y los vendedores ambulantes. Podría haber beneficiado al pueblo si las autoridades se hubieran preocupado por analizar si en este caso, debían también bajar los impuestos a los cuentapropistas.
“Efecto bumerán”, le ha llamado la prensa oficialista en un reportaje que muestra la crisis de alimentos que viven los cienfuegueros. Tres meses después, la gente tiene que comprar la comida a precios cada vez más elevados en el mercado negro (cuando la encuentran).
“La retirada de vendedores, carretilleros e intermediarios y la desnudez de los mercados de oferta y demanda en el territorio parecen tener como trasfondo la inconformidad frente a estas regulaciones”, dice el reporte.
La plaza El Mercado, el mayor centro de la provincia en el que trabajan los vendedores por cuenta propia, está desabastecida. “Allí solo permanecen en el ejercicio de sus licencias quienes decidieron asumir cierto rol de yerberos”.
De acuerdo con la información publicada solamente hay culantro, perejil, ajo puerro, yuca y boniato, la mayoría en mal estado.
Los vendedores particulares han protestado de la forma en la que los cubanos se han acostumbrado a hacerlo durante décadas: saltándose la línea de lo legal para que sus negocios sobrevivan.
Según Juventud Rebelde, “muchos vendedores ambulantes prefirieron comerciar a la sombra” y los carretilleros ya no transitan por las principales arterias de la ciudad.
Quienes han optado por quedarse en los mercados, solo muestran una cantidad mínima de productos. El resto lo esconden debajo de las mesas y cuando el cliente pregunta los ofrecen por los precios que ellos consideran.
El Gobierno no se ha sentado a dialogar con los cuentapropistas, tampoco ha tomado nuevas medidas para revertir la crisis. Han organizado una cacería de brujas para multar y decomisar las mercancías en las casas donde se almacenan.
“Ya hemos detectado algunas, donde hemos operado de conjunto con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)”, dijo Paulino Pablo Díaz Santillan, responsable provincial de la Dirección Integral de Supervisión y Control (DISC).
“Además, hemos descubierto carros que funcionan como depósitos y decomisamos mercancías de venta ilícita en la cabecera provincial y otros municipios”, agregó.
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