La reciente sugerencia del presidente norteamericano Donald Trump de restablecer la pena de muerte en todos los estados en caso de tráfico de drogas ―como estrategia para combatir la crisis de opiáceos― ha reabierto el debate acerca de cuáles son los países que contemplan la pena de muerte por delitos de narcotráfico.
En el caso del continente americano, sólo Estados Unidos y Cuba castigan el tráfico de drogas con la pena máxima, aunque en EE.UU la aplican solamente 31 estados, en aquellos casos concretos en que se pruebe que un consumidor ha fallecido por una sobredosis facilitada por un determinado traficante.
Pasa, por ejemplo, en Florida, donde las personas que suministran cocaína, heroína o fentanilo pueden ser acusadas de asesinato en primer grado y sentenciadas a cadena perpetua o a la muerte.
La ley cubana, por su parte, establece la confiscación de bienes y sanciones de entre 4 y 30 años de privación de libertad "y hasta la pena de muerte". Hace poco menos de un año Mónica Corral Martín -fiscal de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República (FGR)- ratificó que el sistema jurídico cubano ha endurecido las penas para los traficantes internacionales.
En el resto de América Latina, sin embargo, no se aplica la pena de muerte por tráfico de drogas. Hay que viajar hasta la lejana Asia para encontrar varias naciones donde la pena de muerte es el castigo por excelencia para los narcotraficantes.
El listado es amplio e incluye a países como Afganistán, Arabia Saudita, Bangladesh, Brunei, China, Filipinas, Corea del Norte, Catar, Emiratos Árabes, India, Indonesia, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Laos, Malasia, Omán, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Siria, Tailandia, Taiwán y Vietnam.
En los últimos años, el gobierno cubano -que padece de cierto aislamiento en materia de legislación sobre la pena de muerte dentro de América Latina- ha endurecido las condenas a narcotraficantes a 30 años de cárcel y a pena de muerte.
En declaraciones a Juventud Rebelde, la fiscal Corral Martín reveló que “Cuba sigue siendo un país de tránsito y no receptor", y lo achaca a la posición geográfica de la Isla, que "ocasiona que quienes traen las drogas pasen por aquí antes de seguir a otros países que son destino final, al ser mayores consumidores”.
De acuerdo a lo señalado por la fiscal, si las cantidades son elevadas, se infiere que el propósito es comercializar, y entonces se considera un delito de tráfico de drogas. Lo anterior supone que la sanción aplicada en Cuba depende de las cantidades que se ocupan.
Y subrayó: "El tráfico tiene como sanción para la figura básica (pequeña escala) de cuatro a diez años. Se agrava, si son cantidades grandes, a un marco de entre tres y 20 años. Estas cantidades se determinan en la praxis, no están fijadas en la ley, y dependen de la situación en la que sean detectadas. Puede ocurrir que se encuentre a alguien con un cigarro, pero que haya noticias de que está comercializándolo".
En caso de que se trate de tráfico internacional, la pena puede llegar hasta la muerte, y así lo explica la fiscal cubana: "Otra figura más severa es cuando tiene relación con el tráfico internacional, y puede dictársele de 15 a 30 años o muerte. Se agrava si es un funcionario público, autoridades y sus agentes, si se penetra en Cuba usando naves o aeronaves, o si está involucrado un menor de edad".
La pena de muerte aplicada en Cuba de más alcance en las últimas tres décadas, fue la impuesta al general Arnaldo Ochoa y a tres oficiales cubanos, a los que un tribunal militar condenó a muerte, justamente tras considerar que estaban vinculados al tráfico de drogas.
Casi treinta años después de aquellos sucesos que marcaron a la sociedad cubana, la pena de muerte continúa siendo uno de los temas menos debatidos por la sociedad cubana, según apuntaba en 2017 la corresponsal de IPS en Cuba.
El fusilamiento el 10 de abril de 2003 de tres secuestradores de una embarcación en la Bahía de La Habana, rompió la moratoria iniciada por Cuba en el año 2000, en respuesta a un llamado de la Organización de las Naciones Unidas, que considera la pena de muerte "una práctica cruel e inhumana que no tiene cabida en el siglo XXI".
La reacción adversa dentro y fuera de Cuba ante esos fusilamientos fue de tal magnitud, que desde esa fecha no se ha vuelto a aplicar oficialmente la pena de muerte en la Isla. Aunque permanece legislada no se aplica desde hace casi 15 años, en una decisión que ha salvado la vida ya a dos salvadoreños y a un cubano, condenados a muerte por terrorismo en la década del 90.
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