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Un juzgado de San Sebastián (País Vasco, España) acordó este 27 de marzo, el aplazamiento de la vista oral por las presuntas irregularidades en torno a la construcción del Museo Balenciaga de Getaria (Gipuzkoa), proceso en el que se encuentra acusado el arquitecto cubano Julián Argilagos, para el que la fiscalía ha pedido cuatro años de cárcel.
El juicio iba a tener lugar a lo largo de dos semanas a partir del próximo 4 de abril, sin embargo, la enfermedad de uno de los principales procesados, el excalde de Getaria Mariano Camio, ha propiciado un aplazamiento de la vista de al menos seis meses.
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La Fiscalía de Gipuzkoa pide ocho años de cárcel para Mariano Camio por diferentes delitos en la gestión del proyecto del Museo Balenciaga, inaugurado en junio de 2011, cuando el caso ya estaba en los juzgados, y solicita además cuatro años de prisión para el arquitecto cubano Julián Argilagos, que se hizo cargo del proyecto pese a no tener convalidado su título académico en España.
Para el tercer acusado, Rolando Paciel ―que asumió las obras del museo cuando Argilagos residía en Miami― reclama una multa de cuatro meses.
Según declara la agencia EFE, el Ministerio Público ha considerado que Camio mantenía una relación sentimental con el arquitecto cubano Julián Argilagos, y que eso lo habría llevado a favorecerlo en el ámbito económico-profesional, motivo por el cual Argilagos "gozó de las más amplias facultades de gestión, administración y disposición de posibles" en la Fundación Balenciaga (fundada en 1999), y en la sociedad Berroeta Aldamar (2005).
En el contrato, que contenía “cláusulas no habituales”, el arquitecto cubano aumentaría sus honorarios si llegaba a aumentar el presupuesto destinado a la construcción del museo, y fue de tal calibre la irregularidad, que un proyecto que no debía superar los 4,8 millones de euros llegó a los 15 millones de euros, y el cubano llegó cobrar más de un millón de euros.
Por otra parte, el acuerdo presuntamente permitía a Argilagos residir en Miami sin que disminuyeran sus "derechos retributivos”.
Ello supuso la contratación de Rolando Paciel, cuya titulación tampoco estaba reconocida en España y a quien pagaba la sociedad Berroeta Aldamar, cuando debía haberlo hecho el propio Argilagos, según la versión de la Fiscalía.
En el proceso judicial están personadas como acusaciones particulares la Fundación Cristóbal Balenciaga y la sociedad Berroeta Aldamar, formada por el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Getaria (que gestionó la construcción del museo), y que solicitan las mismas penas que el Ministerio Público.
El arquitecto cubano se declaró en rebeldía desde el mes de marzo de 2017, cuando no compareció en la vista preliminar del caso. Desde entonces se encuentra en paradero desconocido.
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