Nicaragua arribó este domingo a su quinta jornada de fuertes protestas contra el gobierno de Daniel Ortega que ya han segado la vida de al menos 27 personas, incluidos agentes de policía y un periodista que transmitía en vivo.
Las manifestaciones fueron convocadas el miércoles por universitarios, jubilados y comerciantes, que comenzaron a aglomerarse en la mañana del jueves en las cercanías de la Universidad Nacional Agraria (UNA) en Managua. En horas de la tarde ya se habían extendido a otros recintos y ciudades vecinas.
Según medios locales, fue un joven en las afueras de la sede de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) la primera víctima mortal, como resultado de un enfrentamiento entre estudiantes y fuerzas antimotines.
El tenso ambiente se expandió también a las cercanías de la Universidad Centroamericana (UCA), donde manifestantes intentaban protestar, mientras grupos simpatizantes del Frente Sandinista -presuntamente conformados por civiles- se mantenían sobre las rotondas de la capital en actitud amenazante.
¿Qué provocó las violentas protestas?
El pasado lunes, el gobierno de Ortega anunció nuevas tasas de aportes al Seguro Social. Bajo esta reforma, los empleados pasarían de tributar al seguro el 6,25% para dar un 7% de su salario, los empleadores pagarían no el 19%, sino un 22,5% de los salarios de sus trabajadores, y los jubilados contribuirían con el 5% de lo que reciben como pensión de retiro.
Según alegó el gobierno, estas medidas fueron tomadas con el fin de recuperar las finanzas del seguro social que, según datos del Banco Central, tiene déficit desde hace varios años. El plan era recaudar cerca de 250 millones de dólares para “rescatar” al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
“Adicionalmente se ajustan algunos de los factores para que las pensiones, manteniéndose dignas en este país, tengan un cambio correspondiente a las capacidades que tiene el instituto para pagar”, dijo Roberto López, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense del Seguro Social.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) advirtió por su parte que la reforma provocaría “despidos y más desempleo” y proyecta que unos $200 millones dejarán de circular en la economía, lo que redundará en una desaceleración del consumo y mayor informalidad.
Después de ordenar el despliegue del Ejército en puntos clave del país, Ortega dio la cara a la crisis por primera vez el mediodía del sábado, acompañado por el jefe del Ejército, Julio César Avilés. El mandatario criticó a los manifestantes y afirmó que su único interlocutor para salir de la crisis era la empresa privada.
El sector empresarial privado rechazó el diálogo ofrecido por el presidente y exigió inmediatamente un cese a la represión y el respeto al derecho de manifestación de los nicaragüenses.
El oficialismo también sacó del aire a varios canales de televisión que cubrían las revueltas; entre ellos, Canal 100% Noticias y Canal 12.
Finalmente, este domingo el mandatario cedió a la presión popular y anunció que cancelaría la polémica reforma. En un mensaje televisado, informó que el Consejo Directivo de Seguridad Social había decidido revocar la medida.
Según Ortega, la revocatoria del decreto permitirá abrir el diálogo con los sectores que se lanzaron a las calles en contra de la nueva normativa.
En su comparecencia, se refirió también al mensaje del Papa Francisco, quien pidió "evitar el derramamiento de sangre sin sentido" en Nicaragua. "Todos queremos que cese la violencia", rebatió.
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