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Una madre cubana ha denunciado esta semana que fue desalojada junto a su pequeña hija del hogar que habitó por más de 15 años, un suceso que atribuye a la corrupción en las altas instancias ministeriales que regulan el sector de la Vivienda en Cuba.
“Este mensaje quiero hacerlo llegar a todos los países del mundo, para que sepan que en Cuba sí existe el desalojo”, escribió a CiberCuba la lectora Raiza Sánchez Velázquez, quien fue expulsada de su casa por las autoridades cubanas en 2007.
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Sánchez dijo haber sido desalojada con su hija de 7 años de edad, poco después de la muerte de su padre. “En 2008 ocupó la casa un primo (del fallecido) llamado Faustino Canedo, que supuestamente tenía derecho a esa vivienda cuando yo he vivido por más 15 años allí”.
Según la afectada, las instancias que ocupan las funciones del antiguo Instituto de la Vivienda emitieron una “propiedad falsa” a nombre del familiar antes mencionado. “Raúl Castro Ruz dijo en los Estados Unidos que en Cuba no existía el desalojo. Sin embargo, a mí me pasó en lo personal”, insistió.
“Le dejé cartas a Raúl, Machado Ventura, al Ministerio de Justicia, al Consejo de Estado y, en especial, al ministro de la Agricultura (Gustavo Rodríguez Rollero) y aún no he tenido respuesta al respecto”.
La lectora pidió “encarecidamente que se le ponga mano dura a la corrupción, a la mentira que existe en estos organismos del Estado que no hacen nada más que mancharle el prestigio y el honor de nuestro país”.
Los desalojos son una realidad en Cuba, ya sea por conflictos familiares, ilegalidades recogidas por Planificación Física o por represión de las autoridades hacia activistas opositores.
A principios de mes, se dio a conocer que en febrero de este año la Policía ejecutó un brutal desalojo en el barrio conocido como La Favela, en la ciudad de Guantánamo. Las autoridades llegaron con bulldozers y demolieron todas las viviendas levantadas en el lugar, que quedó totalmente arrasada. Muchas familias perdieron sus bienes.
El pasado año, otro sonado escándalo de desalojo involucró a un médico cubano de misión en el extranjero, cuya familia había sido declarada ilegal dentro de la vivienda que ocupó por más de 40 años, en la zona residencial-militar de Siboney.
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