“No hay ni habrá espacio para la impunidad”, dijo la Contralora General de la República de Cuba, Gladys Bejerano Portal, en conferencia de prensa, pero los daños económicos en Cuba siguen siendo millonarios, los medios de difusión oficialistas afirman que van en aumento y sin embargo resulta difícil saber de cuántos miles de millones se trata en realidad.
¿Por qué? Pues resulta que una búsqueda en varios sitios noticiosos digitales oficiales de la isla arrojó variaciones en las cifras ofrecidas en las noticias por la prensa en lo que a daños al patrimonio y presuntos delitos detectados por la Contraloría se refiere.
Esto dificulta discernir con exactitud a cuántos miles de millones ascienden estos, en qué marco fueron determinados y atenta contra la comprensión y credibilidad de un tema tan importante y sensible.
El pasado 10 de mayo se hicieron públicos en conferencia de prensa los resultados de la XII Comprobación Nacional al Control Interno, acaecida entre el 1ro de noviembre y el 12 de diciembre de 2017 y el sitio Cubadebate publicó el artículo “Contraloría General: No hay ni habrá espacio para la impunidad”, de Oscar Figueredo Reinaldo. En él se afirma que las perdidas determinadas “se calculan en mil 057 millones 065 mil pesos en moneda total”.
Esta nota también comunica que, según la Contralora, en 33 entidades se revelaron 47 “presuntos hechos delictivos”, 35 de los cuales fueron clasificados de presunta corrupción y se produjeron en 22 centros económicos.
Pero en una noticia anterior, esta vez de Juventud Rebelde (JR) digital, fechada el 4 de abril, se anuncia que “las afectaciones” “por diferentes causas”, detectadas en las acciones de control del Sistema Nacional de Auditoría las cuales, al parecer –aunque no queda del todo claro– incluyen los resultados de la XII Comprobación Nacional al Control Interno, superan los ocho mil millones en moneda total (un nuevo término que incluye pesos cubanos y pesos cubanos convertibles, que para las empresas se intercambia a razón de 1 por 1).
Otros dos artículos escritos por la periodista Marianela Martín González son más reservados. En ambos la autora asevera que “las acciones de control realizadas por el Sistema Nacional de Auditoría” arrojaron que “los daños al patrimonio público en el año anterior continúan siendo millonarios, e incluso superaron a los descubiertos en 2016”. En cambio en ninguno de los trabajos refiere a cuánto ascienden en total dichos daños.
Sí aclara que los de la actividad presupuestada alcanzan los 300 millones y que aumentaron los delitos económicos en 2017 (se determinaron 1 012) con respecto a 2016 (en que fueron 732).
Las dos publicaciones mencionadas contienen básicamente la misma información y hacen referencia al balance del trabajo en 2017 realizado por la Contraloría y a los resultados de la XII Comprobación Nacional al Control Interno y hablan también de un informe que no se sabe en cuál de los eventos fue emitido.
Uno de estos trabajos periodísticos se publicó en Juventud Rebelde digital el pasado 30 de marzo y se titula “Andar a cuatro ojos y prevenir a los cuatro vientos”; el segundo apareció el 1ro de abril en Cubadebate bajo el nombre “Auditoría y control: Daños al patrimonio público continúan siendo millonarios en Cuba”.
Sin embargo, el contenido de estos materiales contrasta con la información hecha pública el 10 de mayo por Cubadebate en lo que respecta a las cuantías de las pérdidas y el número acciones delictivas desveladas y con la publicada el 4 de abril por Juventud Rebelde, en la cual se da un nuevo número para los supuestos delitos: 177.
Para corroborar que en efecto se produjo un incremento en el monto de los daños y los delitos, se consultaron los resultados de acciones de control en años anteriores divulgadas por la prensa. Así fue posible comprobar por el trabajo “Cuarta parte de las auditorías con calificación deficiente en 2016” de Francisco Rodríguez Cruz, posteado el 24 marzo de 2017 en Trabajadores, que las pérdidas en ese período sobrepasaron los tres mil millones de pesos y que fueron identificados “194 presuntos hechos delictivos”.
Este artículo permite constatar que aumentaron los perjuicios al patrimonio público de 2016 a 2017 y que disminuyeron los delitos, si se comparan sus datos con los que aparecen en el escrito de JR del 4 de abril de 2018. Contradictoriamente, en cambio, se concluye que disminuyeron si se confrontan con los del mencionado material de Cubadebate del 10 de mayo de 2018. Ahora, si cruzamos los datos de Rodríguez Cruz con lo que dicen los trabajos de la periodista Marianela Martín González del 30 de marzo y 1ro de abril en dos medios citados, se concluye que ambos aspectos negativos crecieron en la actualidad.
Entonces, ¿con cuáles datos nos quedamos? Tal vez lo mejor sea concentrarse en el hecho de que año tras año los perjuicios al presupuesto estatal son multimillonarios y las medidas tomadas con los implicados (más de 5 mil 600 según todo el material revisado)– consistentes mayoritariamente en amonestaciones, multas a trabajadores en segundo lugar y separaciones definitivas en menor medida– no detienen el incremento de los daños ni de los delitos cuya cadena, según el Vice Contralor General, Reynol Pérez Fonticoba, se inicia a veces “en el sector empresarial y” culmina “con la desviación de recursos hacia el sector no estatal” de ahí que urja controlar “todo lo concerniente al origen y destino de los recursos”.
Esto último, según el periodista Lázaro Barredo en su trabajo titulado “Corrupción: Peligro que nos afecta a todos” divulgado por Cubadebate el pasado 26 febrero, se relaciona con la presión que –a falta de un mercado mayorista– ejercen las formas de gestión no estatal sobre sobre las entidades, lo cual unido “a la insatisfacción de necesidades esenciales”, el aumento de “los precios de los productos de primera necesidad” y el decreciente poder adquisitivo del salario, incide en que las personas permitan, acepten la ilegalidad y la corrupción e incluso incurran en ellas, justificando ese actuar que denota una “pérdida de valores” con la actitud a la cual los cubanos llaman “luchar”.
Todos los trabajos periodísticos sobre los resultados de la contraloría coinciden en afirmar que las principales causas de las pérdidas reveladas año tras año son la ineficiencia y el descontrol. Las de 2017, señaló Gladys Bejerano, no se relacionan necesariamente con dinero robado, sino que son resultado del inadecuado control y uso de los inventarios, en especial los de lento movimiento causado por la ausencia de gestión de los directivos, incorrecta clasificación, ineficiencias en los contratos” entre otras cuestiones.
A lo anterior se suman los gastos por faltantes, el descontrol en las cuentas por pagar y por cobrar entre las distintas empresas, la pérdida de activos o bienes, incumplimientos de los contratos concertados y de las obligaciones tributarias, los problemas en los pagos a privados, especifícame los que se realizan a personas sin licencias para ejercer por cuenta propia, o los efectuados a otros individuos del sector no estatal por servicios no realizados.
Alarmante y comprensible resulta igualmente el éxodo de los auditores hacia otros puestos con mejor remuneración económica.
Y sí, el fenómeno de la corrupción no se produce solo en Cuba, es mundial. Pero su aceptación generalizada en la isla como algo cotidiano, hasta “necesario” e incluso natural, nacido y sostenido por las carencias, que se expande con ayuda de la desidia, el analfabetismo cívico y otras formas de manifestación de la crisis de valores, amenaza peligrosamente con convertirlo en parte de nuestra idiosincrasia.
Bueno, si no lo es ya. Estos comentarios hechos por varios ciudadanos a los artículos periodísticos citados, dan cuenta de ello:
“No justifico para nada lo mal hecho, pero si con el salario resolvieras gran parte de tus problemas, la corrupción y demás males disminuirían considerablemente”; “de acuerdo 100 % contigo, la corrupción no es justificable, pero la necesidad te arrastra a ello”; “Las necesidades y las carencias son la fuente de muchos de estos delitos, antes del periodo especial pocos los cometían y muchos los repudiaban, hoy casi todo el mundo los ve como algo normal y sin darse cuenta participan de ellos aunque sea solo sea como receptores”; “así vive el 98% de la Población trabajadora, expuesta a los males de la corrupción y sus efectos colaterales, donde más allá de enfrentarlos se trata de justificar algo que por principio no aceptaríamos, nada que terminamos diciendo LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN se lo lleva la corriente. Al final pagan los valores y el ÉXODO juvenil con su ímpetu correspondiente.”
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