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Este miércoles 30 de mayo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ―organización independiente con sede en Madrid― ha emitido una declaración donde pide que en la reforma constitucional que se avecina en Cuba sea eliminada la “supremacía” del Partido Comunista e insta al seguimiento de una serie de recomendaciones que aporten legimitidad y visos democráticos a ese proceso.
El Observatorio ha difundido un texto organizado en ocho apartados, en los cuales hace recomendaciones muy específicas de cara al proceso de reforma constitucional que se iniciará el próximo 2 de junio.
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El documento subraya que cualquier cambio en la Carta Magna del país deberá observar "la pluralidad democrática, política, social y cultural de la sociedad cubana"; y añade que solo en tales condiciones “podría considerarse legítimo”.
Asimismo pide que se recoja “la totalidad de los derechos inalienables del ser humano” y “los compromisos y/o recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos”. Insta, igualmente, a “eliminar artículos antidemocráticos” como los que limitan la libre asociación o la libertad de prensa.
En el orden económico, sugiere que se garantice la propiedad privada, así como "la libre iniciativa económica, la empresa, la equidad y la justicia social".
Pese a la inminencia de la reforma constitucional, el Gobierno cubano se ha encargado de aclarar que el proceso no implicará cambios en el sistema político del país. Esta iniciativa, que se materializará en apenas unos días, se originó en el congreso de 2016 del Partido Comunista de Cuba.
La Constitución vigente en Cuba se aprobó en 1976 y fue reformada en por primera vez en 1992 y luego en el año 2002.
A continuación transcribimos, íntegramente, el documento difundido por el OCDH.
"Cualquier cambio en la Constitución cubana debe recoger la totalidad de los derechos inalienables del ser humano"
Madrid, 30 de mayo de 2018
Declaración del Observatorio Cubano de Derechos Humanos(OCDH) sobre la reforma constitucional anunciada por el Gobierno de Cuba.
Ante el inicio de una reforma constitucional en Cuba, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos considera que:
Cualquier reforma de la Constitución debe contar con una amplia participación y consenso social y tener en cuenta la pluralidad democrática, política, social y cultural de la sociedad cubana. Solo en un escenario así podría considerarse legítimo un cambio en la ley fundamental.
La nueva Constitución debe recoger la totalidad de los derechos inalienables del ser humano y, además, establecer los medios o instrumentos concretos para garantizar y defender dichos derechos.
El nuevo texto constitucional debe recoger los compromisos y/o recomendaciones internacionales en materia de derechoshumanos, en especial aquellas realizadas al gobierno cubano en el marco del Examen Periódico Universal, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se incumplen de forma sistemática.
El nuevo texto reformado debe eliminar artículos antidemocráticos, entre ellos el que actualmente consagra la supremacía del Partido Comunista; los que limitan la libre asociación; o aquellos que condicionan el ejercicio de derechoseconómicos y sociales —como la libertad de prensa— únicamente "a los fines de la sociedad socialista".
Debe establecer una verdadera independencia de poderes y garantizar el derecho a la propiedad privada, la libre iniciativa económica, la empresa, la equidad y la justicia social.
El proceso de aprobación popular debe ser transparente, donde las diferentes opciones puedan realizar campaña política en las mismas condiciones de acceso a los medios de comunicación. Cualquier votación en referéndum debe cumplir con los estándares internacionales y ser objeto de observación independiente por parte de organismos políticos y de la sociedad civil.
Pedimos a la comunidad democrática internacional que exija transparencia al gobierno cubano y que, en ningún caso, valide un proceso que se presenta como fraudulento desde su concepción misma.
Creemos que la falta de civismo constitucional y democrático de los gobernantes cubanos, no debe ser un elemento paralizante para las iniciativas de la sociedad civil y la oposición política.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos
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