Washington, 20 jun (EFE).- Niños llorando desconsolados por estar separados de sus padres en habitaciones delimitadas por rejas. La imagen es consecuencia de las políticas del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, pero, ¿cómo ha llegado EE.UU. a esta situación?
De acuerdo con las nuevas medidas del mandatario, todos los fiscales de Estados Unidos debían presentar cargos criminales contra cualquier inmigrante que cruce irregularmente la frontera desde México y deben, por tanto, ser encarcelados y separados de los niños con los que viajan, ya que a estos no se les puede imputar un crimen.
La decisión es fruto de una directiva del fiscal general de Trump, Jeff Sessions, que fue emitida a comienzos de abril y que luego fue anunciada oficialmente el pasado mayo.
Anteriormente, el Gobierno presentaba por defecto cargos por la vía civil contra los inmigrantes irregulares, lo que les permitía ser puestos en libertad hasta que los jueces tramitaban sus peticiones de asilo y no ser separados de sus hijos.
Este miércoles Trump se vio obligado a alterar sus nuevas medidas tras la acuciante presión, incluso dentro de su partido, que le acusaba de "inhumanidad", por lo que ahora los padres e hijos podrán permanecer juntos en centros de detención de inmigrantes.
En 2005, el entonces presidente, el republicano George W. Bush, puso en marcha la operación Streamline, inicialmente en Texas y luego expandida a otras zonas limítrofes, que buscaba procesar por la vía criminal a los inmigrantes llegados ilegalmente, con la excepción de las familias con menores.
Este plan es considerado el germen de las políticas de "tolerancia cero" de Trump y fue empleado parcialmente por el Ejecutivo del expresidente Barack Obama (2009-2017) hasta 2014.
Hasta el giro de Trump, las distintas Administraciones habían cumplido con un acuerdo, conocido como "Flores", al que llegó el Gobierno con dos organizaciones humanitarias en 1997 -con Bill Clinton como presidente- y que establece que los menores no acompañados detenidos en la frontera solo pueden ser privados de libertad durante 20 días.
En 2014, Obama violó ese pacto cuando se produjo una llegada masiva de menores procedentes de Centroamérica.
En ese contexto, en 2016, un juez federal de California falló contra las políticas que había puesto en práctica el Gabinete de Obama y estableció que el límite de 20 días de arresto también debía aplicarse tanto a menores que llegaban con sus familias como a sus parientes, pero finalmente una corte de apelaciones decidió aplicarlo solo a los niños.
Sin embargo, fue precisamente bajo el segundo Gobierno de Obama cuando se planteó la opción de separar a las familias mediante el procesamiento criminal de los inmigrantes irregulares, pero finalmente se desechó la idea.
En 2017, la llegada de Trump a la Casa Blanca hizo temblar a las asociaciones defensoras de derechos humanos después de una campaña electoral marcada por su retórica antiinmigración.
El entonces secretario de Seguridad Nacional y actual jefe de gabinete del magnate, John Kelly, retomó la idea y aseguró que estaba considerando esas separaciones con objetivo disuasorio, pero terminó rechazando esta opción.
Según medios estadounidenses, el departamento, ya bajo la batuta de la actual secretaria, Kirstjen Nielsen, lleva probando desde octubre la ejecución de estas prácticas, pero no fue hasta abril cuando empezaron a aplicarse por defecto en la frontera sur.
Ahora, la nueva orden de Trump podría violar el acuerdo Flores de 1997, razón por la que el Departamento de Justicia reclamará ante una corte federal de California la modificación de esa regulación para permitir que niños y adultos permanezcan en estos centros, mientras continúan los procesos criminales por entrada irregular o de deportación.
En los últimos días, la organización ProPublica difundió unas grabaciones de audio desde dentro de una de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en la que se podía escuchar a los niños, recién separados de sus padres al cruzar el límite con México de forma ilegal, llorando desconsolados y gritando "papi" y "mami"; mientras, un agente bromeaba: "Tenemos una orquesta aquí".
De acuerdo al Gobierno, entre el 5 mayo y el 9 de junio, un total de 2.235 familias y 4.548 personas han sido separadas por las autoridades en este contexto.
De esas personas, 2.342 son niños que han pasado a ser considerados no acompañados y 2.206 adultos, quienes serán procesados por la vía criminal debido al cruce fronterizo. (EFE)
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