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Las poblaciones de jutías conga y andaraz del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, en Guantánamo, han disminuido considerablemente.
Ambas especies, en peligro de extinción, están siendo severamente afectadas por la caza furtiva, denunció el diario Juventud Rebelde.
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Según la Unidad Provincial de Servicios Ambientales, esta práctica es de las más nocivas para la supervivencia de los roedores, ya de por sí afectados por enemigos naturales como el gavilán de monte, la mangosta, la lechuza, el majá de Santa María y los perros jíbaros.
Tampoco existen suficientes sondeos que alerten sobre el peligro que corre la especie, ni personal técnico que estudie el estado de la población silvestre, lo cual impide emplear una adecuada metodología de conservación, afirmó Yamilka Joubert, directora de la Unidad de Servicios Ambientales del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).
Es costumbre entre los vecinos de las comunidades situadas en la subregión Sagua-Baracoa comer carne de jutía, y usar su grasa para la cura de la otitis, la sordera y el asma bronquial, así como sus intestinos en la fabricación de cuerdas para instrumentos musicales rústicos.
A pesar de que los especialistas del Citma han orientado no talar los árboles huecos donde se preservan los arbustos que se comen las jutías, e insisten en fortalecer la educación ambiental en zonas del interior y cercanas al Parque Alejandro de Humboldt, esas medidas no están dando resultados.
Es curioso que la prensa oficialista cubana denuncie los problemas de conservación en Guantánamo de esta especie autóctona, cuando fue precisamente la denuncia de trampas para cazar jutías en el valle de Viñales que realizó el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, una de las causas que lo llevaron a sufrir acoso y prisión por parte de las autoridades del régimen.
En solo un día recogió 82 de esos artilugios.
El pasado 8 de mayo el científico fue condenado a un año de prisión por el delito de desacato a la autoridad. Días antes, había sido arrestado en la finca que posee en usufructo porque se negó a darles sus herramientas de trabajo a dos guardabosques, a quienes calificó de actuar como lo hacía “la guardia rural”.
Ya en 2016 Ariel fue expulsado de la Universidad de La Habana, donde trabajaba como profesor e investigador, por haber denunciado la pesca ilegal de tortugas en vías de extinción.
Posteriormente emprendió un proyecto de conservación de especies en el Parque Nacional de Viñales. Desde allí ha arremetido contra la violación por parte de turistas y campesinos de las leyes de protección medioambiental de dicha región.
Tras una huelga de hambre durante 16 días en protesta contra las irregularidades del proceso judicial, fue liberado bajo una licencia extrapenal debido a sus problemas de salud.
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