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Algunos avances de cómo quedará la Constitución de Cuba una vez reformada, han sido revelados por la prensa oficialista de la Isla.
En un extenso artículo el diario Granma recordó que el pasado 2 de junio la Asamblea Nacional acordó iniciar el proceso de reforma constitucional y aprobar la creación de una comisión, que luego constituyeron 33 diputados, para la elaboración del anteproyecto de ley.
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Según el periódico, dicha comisión presentó ya este documento al VII Pleno del Comité Central, antes de hacerlo al Parlamento los días 21, 22 y 23 de julio.
Granma califica de “profundos” los cambios que se proponen, que derivarán en una nueva Constitución de la República. Estos son algunos de ellos:
En relación con la estructura del Estado, se instituye la figura del presidente y el vicepresidente de la República.
El primero es el jefe de Estado, que será elegido por la Asamblea Nacional entre sus diputados, por un periodo de cinco años. Podrá ejercer ese cargo hasta dos mandatos consecutivos, pero luego no lo podrá desempeñar más.
La Asamblea Nacional mantiene su condición de órgano supremo del Estado y único con potestad legislativa.
El Consejo de Estado sigue siendo el órgano permanente de la Asamblea Nacional, con la particularidad de que el presidente, vicepresidente y secretario de aquella, lo serán también del Consejo de Estado.
El Consejo de Ministros conserva su condición de máximo órgano ejecutivo y constituye el Gobierno de la República. La novedad es que será dirigido por un primer Ministro, cargo que se propone crear.
En los órganos locales del Poder Popular la propuesta es eliminar las asambleas provinciales.
Estas se sustituirán por un gobierno provincial, formado por un gobernador y un consejo, el cual a su vez estará integrado por los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular y los intendentes, que son quienes dirigen el Consejo de Administración Municipal.
Ya en los municipios se pretende ampliar el mandato de los delegados a cinco años y reconocerle a estos territorios autonomía en cuanto a su gestión.
En cuanto a la denominada participación local, se establece el derecho a convocar consultas populares de temas de interés para los vecinos.
En relación con la impartición de justicia los tribunales podrán integrarse de manera colegiada o no, y la participación de jueces legos en todos los casos tampoco será obligatoria.
La Contraloría General de la República pasará a ser un órgano estatal de rango constitucional.
El sistema económico que refleja el anteproyecto mantiene como principio fundamental el de la propiedad socialista sobre los medios fundamentales de producción, aunque se añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada.
La propiedad privada sobre la tierra se mantiene en un régimen especial, con límites para su transmisión y con el derecho preferente del Estado a su adquisición.
En el acápite referido a las relaciones internacionales se incorporan varios principios, como el rechazo al uso de armas nucleares y de exterminio en masa, la lucha contra el cambio climático, y la defensa de la democratización del ciberespacio y la condena de su uso con fines subversivos de naciones soberanas.
El derecho de igualdad amplía su contenido al agregar la no discriminación por identidad de género, origen étnico y discapacidad.
Como deberes cívicos y políticos a cumplir por los ciudadanos se definen, como nuevos en el texto, el de contribuir a los gastos públicos y guardar el debido respeto a las autoridades y sus agentes.
Por último, el texto reafirma el carácter socialista del sistema político del país, y el rol directivo del Partido Comunista.
Los fundamentos políticos del Estado socialista y revolucionario no varían, solo se adicionan, dentro de sus fines esenciales, la promoción de un desarrollo sostenible que asegure la prosperidad individual y colectiva, trabajar por lograr mayores niveles de equidad y justicia social, y preservar y multiplicar los logros de la Revolución.
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