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La abogada defensora Gilliam Yanez soltó su bomba sin ella misma poder dar crédito a lo que acababa de escuchar:
“Le denegaron la solicitud de Asilo Político a mi cliente porque, según el juez, la celebración de elecciones en Cuba y el ascenso al poder de un hombre que no es un Castro, son síntomas de cambios evidentes y por tanto el defendido no tendría que temer a volver a su país”.
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Juan Antonio Blanco cuenta esto estupefacto.
“Yo acababa de hacer mi deposición como experto, incluso he sido asesor para temas migratorios en Canadá, Inglaterra, Holanda, y documenté más que suficientemente en ese juicio que el defendido -cuyo nombre no revelo a petición de su abogada- sí tenía razones para sentirse amenazado en caso de ser devuelto a Cuba”.
Toda evidencia fue en vano. Según Blanco, testigo estrella de la defensa para demostrar que Cuba sigue siendo un estado represor, el argumento que más se repitió por parte de la Fiscalía en el centro de detenciones de Oakdale, Louisiana, fue que la existencia de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente del país anulaba las razones para otorgar refugio político a cubanos.
“Yo pensé que esto era una burla de la Fiscalía, y que el juez entendería cuán disparatado era este argumento”, confiesa Juan Antonio Blanco, quien acudió a este juicio en calidad de experto independiente, pero que además dirige en Miami la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
En la actualidad, el cubano defendido en ese juicio se encuentra en las calles de Cuba. Fue deportado.
El abogado Gonzalo Fundora-Brown, también de origen cubano, perdió hace dos meses el caso de un disidente de Regla, La Habana, bajo el mismo presupuesto: para el juez de su caso, Cuba ya no es “tan dictadura como antes”.
El caso representó un desafío argumental para su carrera: “Fue como tener que demostrar algo que creías no estaba en discusión. De repente nos vimos ante la evidencia de que a pesar de que tenemos leyes concretas y duras contra la dictadura cubana, precisamente porque partimos de que es una dictadura, en ese juicio la Fiscalía y finalmente el fallo del juez terminaron por decantarse en otra dirección. Que Cuba ya no reprime a su pueblo”.
Podría pensarse que son casos episódicos. Ojalá lo fueran.
“Esa misma semana supimos de otros casos de asilo denegados por la misma razón”, apunta Blanco. “Es un escándalo”.
Escándalo del que pueden dar fe los familiares de otros cubanos encarcelados en diferentes centros de detenciones por todo el país: se ha vuelto una tendencia. Inmigración está tratando a Cuba como un país “normal”, de espaldas al Congreso y al Departamento de Estado.
Ivisliany Rodríguez, esposa de Yandy Bacallao, denunció hace dos meses que en las Cortes de Pine Prairie, Louisiana, para abordar el caso de su esposo los funcionarios le dijeron varias veces a Bacallao que la solicitud de asilo no iba a proceder. “Lo que le decían era que como Díaz-Canel no es un Castro, y que fue votado en unas elecciones, ellos, los cubanos, no tenían motivo para huir del país”.
Es el mismo argumento denunciado por Almarelis Martínez, Alexis Fonseca, Irania Fuentes, y decenas de otros familiares de cubanos detenidos en centros para inmigrantes por todo el país.
Para el escritor y politólogo cubano Carlos Alberto Montaner, es apenas un pretexto sacado de bajo la manga:
“Un pretexto macabro para hacer cumplir la política de Tolerancia Cero de la Administración Trump” – dijo Montaner a CiberCuba-. “Se trata de una excusa draconiana para recibir menos cubanos a pesar de que el flujo se redujo considerablemente eliminando Pies Secos, Pies Mojados”.
Según Montaner es una incongruencia política y legal.
“Si existe una Ley de Embargo, y existe una Ley de Ajuste Cubano, es precisamente porque los Estados Unidos reconocen a Cuba como un gobierno totalitario, una dictadura que no garantiza el respeto por sus ciudadanos. El hecho de que estos jueces de inmigración estén dando por válido ese disparate de elecciones celebradas y de que Díaz-Canel no representa un peligro, demuestra una intención de frenar inmigrantes a toda costa. Y en el caso cubano, acudiendo a una hipocresía absoluta: tratar como normal para estos asuntos migratorios a un país que se sabe que no es normal”.
El caso más escandaloso en la actualidad es el de Serafín Morán, periodista independiente cubano con un vasto historial de colaboraciones con medios de prensa internacionales, enemigo frontal y declarado del gobierno cubano, que tras pedir Asilo Político en Estados Unidos lleva cuatro meses recluido en el centro de detención de Pearsall, Texas, y enfrenta una orden de deportación.
“Si Serafín no califica en la actualidad para recibir Asilo Político, ¿quién en este planeta calificará?” se pregunta Juan Antonio Blanco. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba que preside, junto con Reporteros sin Fronteras, ofrecieron una declaración conjunta este miércoles a favor de la liberación de Morán. Hasta el momento, la última palabra de Inmigración es que el periodista, que incluso sacó una base de datos de oficiales cubanos del MININT, no corre peligro en caso de ser devuelto a la isla.
El doble rasero es aplastante.
Por un lado, la Administración Trump asumió un discurso de vuelta a la mano dura con Cuba desde que el magnate inmobiliario pisara la Casa Blanca en enero de 2017. Pocos meses después visitó Miami y dio un fervoroso discurso anticastrista en el Teatro Manuel Artime, de la calle 8, donde prometió asfixiar al régimen de Raúl Castro.
Como cumplimiento de esa palabra, poco después su Administración revisó la política hacia la isla e implementó un puñado de medidas bastante tímidas y de corto alcance en ese empeño por estrechar el cerco económico al aparato cubano.
La congelación de trámites migratorios desde la embajada de La Habana y la retirada de las tres cuartas partes del personal diplomático, fungió como respuesta a unos ataques sónicos sobre los cuales penden cada vez más sospechas y claroscuros.
Por otro lado, entonces, el sistema migratorio estadounidense bajo la Administración Trump ha comenzado a restar importancia a la represión en Cuba como pretexto para negar el Asilo Político.
“El Departamento de Estado tiene que pronunciarse sobre esto” – dijo a CiberCuba el abogado de inmigración Wilfredo “Willy” Allen. “Estos jueces están cometiendo una seria violación legal que solo puede frenarse desde el Departamento de Estado. Cuando este emita un comunicado diciendo que nada ha cambiado en Cuba, ese statement tendrá un peso decisivo en Corte para que ni la fiscalía ni los jueces puedan manipular la realidad cubana en función de negar un asilo”.
Por otra parte, es hora de que los representantes federales cubanoamericanos entren en juego. Solo desde el Congreso puede presionarse a ese Departamento de Estado sin el cual las cortes de inmigración seguirán usando a Miguel Díaz-Canel como un pretexto de democracia en Cuba.
“Otra cosa será que el Departamento de Estado no quiera reafirmar oficialmente que Cuba sigue siendo considerada por Estados Unidos como una dictadura peligrosa”, apunta Willy Allen.
De no hacerlo, estamos ante un nuevo y desconcertante escenario sociopolítico entre las dos naciones.
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