La reciente compra de 15.000 manzanas en el centro comercial La Puntilla, en La Habana, por un grupo de clientes, está siendo investigada por el Grupo Empresarial Cimex, de las Fuerzas Armadas, al que pertenece la tienda.
El diario oficialista Granma entrevistó a Turey Abraham Veciano Trujillo, vicepresidente comercial de Cimex, quien afirmó que aunque no ha concluido el análisis administrativo del hecho, se realizará la denuncia a la Fiscalía de un delito que se tipificará al concluir la investigación.
Veciano Trujillo reveló que hubo una indisciplina muy grave, tanto por la venta a un solo cliente con un claro beneficio de algunos trabajadores, como por el empleo sin autorización de transporte de Cimex.
Según el funcionario, dicho transporte lo emplea la empresa para sus tiendas virtuales, una forma de comercio electrónico que permite a los cubanos residentes en el exterior hacer compras en la Isla y entregarlas a domicilio.
En relación con limitar la venta, explicó que se ha hecho con aquellos productos más demandados, como la cerveza Cristal y la Bucanero, y la malta Bucanero. Los empleados que han realizado ventas al por mayor han sido separados de Cimex.
A pesar de ello, la institución no posee una política dirigida expresamente a impedir el acaparamiento, salvo artículos que sufran escasez.
“Por intuición propia, la unidad–comercial tiene que saber qué productos escasean y no pueden vendérselo a una sola persona”, dijo Veciano.
Granma conoció que en el primer semestre de 2018 se detectaron en las unidades de Cimex deficiencias que van desde la introducción de mercancías y la existencia de faltantes y sobrantes de efectivo, hasta la morosidad en el tratamiento de los productos declarados como mermas y el incumplimiento de la logística de almacenaje establecida, entre otras.
Por todo ello se aplicaron 1.719 medidas disciplinarias a trabajadores y 101 a cuadros; de estos, 35 fueron destituciones definitivas.
En el Número Único de Atención al cliente (0800 00724) se registraron este año 8.635 quejas que denunciaron maltrato al consumidor, venta de productos vencidos sin rebajarse, alteraciones en los precios, así como problemas en los servicentros en cuanto al horario de atención, la falta de combustible en horarios pico o locales cerrados.
Relata el diario que lo sucedido en La Puntilla no es un caso aislado.
Denuncias de usuarios en el mismo local, perteneciente a la Sucursal Oeste, cuentan que varios de sus empleados a menudo están hablando, comiendo, gritándose y oyendo música. Incluso hay quienes atienden sentados a los compradores.
Otros clientes denunciaron la ausencia en los mercados de cerveza Cristal y Bucanero y de malta nacional, que luego abundan en las paladares, o artículos como el detergente, pollo o las lámparas de luz fría, disponibles en las llamadas candongas al doble de su precio.
La acumulación de riquezas está expresamente prohibida en la Constitución cubana, de hecho, el artículo 22 del anteproyecto del texto que hoy se debate en todo el país mantiene dicho precepto.
“El Estado regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales, a fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social. La ley establece las regulaciones que garantizan su efectivo cumplimiento”, dice el texto.
Hay quien ha propuesto que esa norma debe cambiar, y que los cubanos deberían poder acrecentar su patrimonio y adquirir propiedades en la Isla.
Por otra parte, los cuentapropistas se han referido en innumerables ocasiones a la necesidad de contar con un mercado mayorista al que acudir para buscar productos al por mayor, como existe en el resto del mundo civilizado. En la actualidad los trabajadores autónomos cubanos compiten en desventaja con los comercios estatales, que tienen acceso a materia prima más barata.
Aunque se han 'vendido' como mayoristas, los supermercados Zona +, en el municipio de Playa, y Almacenes Subirana, en Centro Habana no lo son, ya que sólo ofrecen descuentos de un 20% (respecto a los precios de las tiendas minoristas) para cooperativistas y empresas estatales.
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