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En momentos en que tanto se habla de una ley de protección al consumidor, en Villa Clara algunos organismos estatales hacen de la vista gorda, y les dejan pasar a sus trabajadores las ilegalidades detectadas por los supervisores e inspectores en los puntos de venta del comercio y las ferias agropecuarias.
La situación fue denunciada por la emisora santaclareña CMHW, donde compareció Rafael Marichal al frente de la Dirección Integral de Supervisión en la ciudad. Lamentó que en los últimos tres meses se hayan impuesto un total de 286 multas por engaño al consumidor sin que los delincuentes e infractores sean sancionados por los tribunales o castigados por sus respectivos organismos.
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“Hay un porcentaje considerable de ellos que son reincidentes, lo cual habla de impunidad dentro del estado, porque pertenecen a unidades productivas que son del estado”, argumentó el jefe de los inspectores.
A partir de la estrechez alimentaria que ha atravesado Villa Clara al ser la provincia más afectada por el huracán Irma y las lluvias de la tormenta Alberto, en el último año se adoptaron medidas especiales para regular la comercialización de alimentos y productos agropecuarios en este territorio central.
Conjuntamente el gobierno provincial reclamó a sus inspectores que actuaran con rigor ante los especuladores que medraban a despecho del pueblo, lo cual generó una “cacería de brujas”, a decir de algunos carretilleros y vendedores particulares de productos agrícolas.
Sin embargo, existe un doble rasero: mientras que a los carretilleros que no cumplan lo dispuesto se les imponen elevadas multas, les decomisan los productos y hasta les retiran sus licencias de cuentapropistas, lo mismo no sucede con los vendedores estatales.
“Los inspectores nos sentimos molestos porque por un lado nos piden que seamos rigurosos y actuemos. Entonces ponemos multas y multas, y le notificamos por escrito a los directivos de las unidades productoras, pero ellos no actúan. Sentimos que se están riendo de los inspectores y también del pueblo que es el más afectado”, explicó Rafael Marichal.
El supervisor jefe de Villa Clara dijo además que en muchas ocasiones los propios administradores y directivos ponen en entredicho a los inspectores cuando detectan una violación o indisciplina.
“Por ejemplo, no hacemos nada con llevar un producto adulterado al mismo lugar donde este se produce, pues los directivos de esa empresa nos dicen que cuenta con todos los parámetros de calidad establecidos. Estamos atados”, se queja Marichal.
Entre los organismos encubridores se encuentran fundamentalmente las ramas del comercio y la agricultura. En esta última existe una treintena de cooperativas estatales de crédito y servicios (CCS) con casos reincidentes de estafas al consumidor.
Marichal citó como ejemplo a la cooperativa 9 de abril, donde 23 trabajadores han sido multados en los últimos meses por adulterar los precios de las mercancías, o vender bajo peso, sin que se les haya separado de sus funciones.
Igualmente mencionó a las CCS Mártires del Moncada, 1 de enero, 17 de mayo, Mártires de Vueltas, Julio Antonio Mella, Hermanos Gómez y Ñico López; un largo rosario de entidades estatales con nombres de caídos, fechas trascendentes o acontecimientos históricos de la revolución, donde ahora mismo se encubre a quienes estafan al pueblo.
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