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Miami, 1 nov (EFEUSA).- El Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio escribió al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que rescinda una eventual invitación al presidente Nicolás Maduro a su toma de posesión, porque invitarlo sería una "grave ofensa" para el pueblo venezolano.
En una carta a la que Efe tuvo hoy acceso, Miguel Ángel Martín, presidente de ese tribunal que se autocalifica de "legítimo", le adelanta a López Obrador que le han enviado copia de la recién publicada sentencia completa del juicio en ausencia celebrado este año contra el "señor Maduro" en Bogotá.
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En agosto pasado, Maduro fue condenado en ese juicio a más de 18 años de cárcel por "corrupción propia y legitimación de capitales" en un caso vinculado al escándalo de la constructora Odebrecht.
En consecuencia, dice la carta, "conforme a la Constitución y las leyes de nuestro país, el señor Maduro Moros ha quedado formalmente destituido de su cargo de Presidente de la República".
Sobre las informaciones periodísticas que señalan que López Obrador ha invitado a Maduro a su toma de posesión, prevista para el 1 de diciembre, Martín indica que, de ser cierta la invitación, "constituiría una grave ofensa contra el pueblo venezolano".
También sería "una afrenta a los países que han acusado a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por la comisión de delitos de lesa humanidad".
Martín agrega que es deber de estos magistrados en el exilio informar al presidente electo mexicano de que han solicitado a la Interpol que detenga a "Nicolás Maduro Moros al ingresar a cualquiera de los 192 países donde opera esta organización, incluyendo México".
"El daño que Maduro ha causado a Venezuela es incalculable, mientras que los fondos sustraídos ilegalmente del erario público solo en el caso de Odebrecht alcanzan la cantidad de 35.000 millones de dólares, como consecuencia, nuestros compatriotas sufren hoy hambre y enfermedades, viéndose obligados a emigrar, muchos de ellos a México", escribe Martín.
En la carta se acusa al "señor Maduro", en base a las pruebas del juicio, de formar parte del "crimen organizado trasnacional".
También se señala que es "ya un hecho notorio, público y comunicacional para la comunidad internacional que en Venezuela se vulneran constantemente los más elementales derechos humanos".
Todo ello, dice Martín, obliga a los "países garantes de la libertad, la democracia y los derechos del hombre, activar todos los mecanismos tendentes a su protección, tal como lo consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
El juicio a Maduro se inició el pasado 2 de agosto en Bogotá a instancias de la exfiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz, quien durante siete audiencias presentó pruebas contra el mandatario.
El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio se instaló en octubre de 2017 en instalaciones de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, y está formado por 25 magistrados que en su día fueron nombrados por la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, y hoy encuentran repartidos por Estados Unidos, Chile, Colombia y Panamá.
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