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Este martes, la Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó el ingreso al país de militares de Cuba, Venezuela, Bolivia y otros países "con fines de ejercicios humanitarios, de adiestramiento, e intercambio de experiencias".
Es el resultado de una petición de urgencia realizada por el presidente Daniel Ortega, cuyo Gobierno enfrenta la peor crisis desde que regresó al poder, en 2007.
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La votación recibió 74 votos a favor de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional y sus aliados, de un total de 92 posibles.
"Hoy aprobamos un decreto de urgencia enviado por la máxima autoridad de nuestro país, el presidente Daniel Ortega, en esta aprobación está presente una planificación realizada por el Ejército de Nicaragua acerca de intercambios para fines de adiestramiento y humanitarios", afirmó Gloria Dixon, la primera secretaria de la Junta Directiva del parlamento nicaragüense.
Según el Poder Legislativo, todas las fuerzas armadas ingresarán a Nicaragua en el primer semestre de 2019, como parte de un ejercicio anual "de adiestramiento e intercambio de experiencias".
Aunque el ingreso de tropas extranjeras a territorio nicaragüense es aprobado cada 6 meses por la Asamblea, independientemente del contexto político que viva el país, el tema causa especial controversia desde el estallido social del 18 de abril de este año.
Según organismos humanitarios, la crisis sociopolítica que vive Nicaragua ha dejado ya entre 552 y 558 presos políticos, y entre 325 y 528 muertos.
El Gobierno reconoce 273 presos, que considera "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes", así como 199 víctimas mortales.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos".
También lo responsabilizan de torturas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega niega ser responsable e insiste en que venció un intento de "golpe de Estado".
Las protestas contra Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social.
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