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El Gobierno danés quiere habilitar un centro en una isla deshabitada para recluir a criminales extranjeros pendientes de expulsión o que no pueden ser devueltos a sus países de origen porque no los aceptan. También albergará a solicitantes de asilo que hayan sido rechazados.
La medida ha sido incluida en un paquete legal acordado entre el gobierno liberal-conservador y el xenófobo Partido Popular Danés (DF), con el fin de endurecer la política de inmigración.
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Aunque la medida ha generado controversia en Dinamarca, el país ya cuenta, desde el año 2016, con un centro en Kærshovedgård (península de Jutlandia) que ha sido habilitado para extranjeros pendientes de expulsión.
Sin embargo, tras un aumento de la delincuencia generada por los internos, el Gobierno danés quiere ahora enviar a los más peligrosos a una isla.
Inger Støjberg, ministra de Integración, ha dicho que "Los extranjeros que han abusado de la confianza de la sociedad danesa y cometido actos criminales deben tener las condiciones más austeras posibles y ser controlados de forma consecuente". Según la ministra el objetivo sería hacer su vida “lo más insoportable posible".
Los detractores de la medida afirman, por su parte, que en algunos casos quieren encerrar a personas que han cumplido ya su pena y a los que no se les puede privar de libertad nuevamente.
El nuevo centro estará ubicado en Lindholm, una isla localizada al sureste del país que está destinada desde hace un siglo a experimentos con enfermedades contagiosas para animales, que ha estado adscrita al Instituto de Veterinaria de la Universidad de Lyngby (Copenhague).
No obstante, las labores de limpieza de la Isla, que no cuenta con residentes fijos desde hace décadas, obligarán a que el nuevo centro para internos no esté listo hasta el año 2021.
Se estima que contará con un centenar de plazas y se destinarán unos 759 millones de coronas danesas (algo más de 100 millones de euros) a su puesta en marcha.
El lugar estará controlado por las autoridades penitenciarias y habrá policía haciendo patrullaje. Los internos podrán abandonarla durante el día en transbordador hasta la pequeña localidad de Kalvehave, pero deberán regresar de noche.
La iniciativa ha provocado críticas, entre otros, del Instituto de Derechos Humanos, que la ha considerado "al borde de la legalidad". "Es una mala idea, simplemente traslada el problema de un lugar del país a otro", ha declarado Mikael Smed, alcalde socialdemócrata de Vordingborg (municipio al que pertenece la Isla).
El paquete incluye otras medidas destinadas a conseguir que más refugiados regresen a sus países de origen como dificultar "hasta el límite de los compromisos fijados por las convenciones" la prolongación de permisos de residencia y un descenso de las ayudas económicas.
"Estamos muy preocupados por las nuevas reglas, que dan aún más provisionalidad e inseguridad, menos ayudas y peores opciones de educarse. Es muy duro, destruirá familias", criticó el secretario general de la ONG Ayuda al Refugiado, Christian Friis Bach.
Coincidiendo con la oleada de refugiados llegados a Europa desde hace tres años, el Gobierno danés ha endurecido la estricta política de asilo y extranjería que ya imperaba en Dinamarca desde inicios del siglo XXI.
La idea de trasladar a una isla a criminales extranjeros había sido sugerida ya en el año 2000 por la entonces ministra de Integración socialdemócrata, pero la iniciativa fue duramente criticada por su propio partido y por otras fuerzas políticas.
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