Los vecinos de un edificio ubicado en la calle 4, entre 17 y 19, en el municipio Plaza de la Revolución, en La Habana, son víctimas de la ineficiencia de la economía empresarial socialista, que los ha dejado nada más y nada menos que sin ascensor.
Como último recurso, han escrito a la sección Acuse de Recibo, en el diario Juventud Rebelde, que describe como una verdadera agonía la situación por la que están pasando.
Cuentan que al inmueble le fue asignado el pasado año un elevador para sustituir el que tenía, operación que estaba a cargo de la empresa Unisa, y que estaba prevista terminarse en tres meses.
El 20 de julio llegó el contenedor, y casi un mes después, el 24 de agosto, las cajas con las partes. El 20 de septiembre de 2018 comenzaron a desmontar el equipo antiguo, y casi dos meses después terminaron de instalar el nuevo.
Pero quedaba pendiente la obra civil...
Después de múltiples gestiones con la sucursal de Unisa, que incluyeron la compra por parte de los vecinos de los sacos para trasladar los materiales y hasta de los ladrillos para el relleno, el 6 de diciembre la obra civil estaba lista.
Entonces, faltaba el aterramiento...
El 26 de diciembre una comisión compuesta por Unisa, Vivienda y el Grupo Nacional de Ascensores inspeccionaron el inmueble y prohibieron el funcionamiento del ascensor, debido a que no tenían el aterramiento. Ello, a pesar de que unos días atrás ingenieros de Unisa habían dado el visto bueno a la instalación.
La solución no se divisa. La causa: Vivienda tiene cuentas pendientes por pagar a Unisa, que a su vez le debe a la empresa del Micons que debe asumir el aterramiento.
Mientras, los ancianos del edificio cuestionan por qué deben padecer ellos por las deudas que tienen entre sí las empresas. “¿Por qué comenzaron el desmontaje y montaje del nuevo equipo si no tenían garantizado llevar la obra hasta el final?”, se preguntan.
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