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En septiembre de 2016, la hija de la cubana María Elena Antuña recibe en España un correo de los vecinos de su barrio de Párraga, Arroyo Naranjo, en La Habana, dándole el pésame por la muerte de su madre.
La hija, sorprendida, negó el fallecimiento y los vecinos le contaron que su apartamento había sido entregado por la Dirección de Vivienda a una nueva propietaria, Silvia Portillo Zarate. Ocurrió a raíz de la falsa muerte de María Elena.
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Incluso, le enviaron desde Cuba una copia del documento que autorizaba a ésta a ocupar el domicilio que desde hace más de 40 años es de María Elena, que vive en Asturias (España), pero mantiene su permiso de Residencia en el Extranjero (PRE) y éste le permite conservar sus propiedades en la Isla.
María Elena intentó ponerse en contacto con la directora de Vivienda de Arroyo, Rosa Miguelina Figueroa O'Farril, desde España a través de internet y por teléfono pero siempre recibió la misma respuesta. En un país que presume de informatización este organismo sólo admite consultas en persona.
Económicamente María Elena no podía permitirse viajar a Cuba. Finalmente pudo hacerlo en septiembre de 2018, dos años después de que le quitaran la casa. Luego de tres meses y medio quedándose con una vecina porque a su vivienda no pudo entrar y tras la anulación de dos billetes de avión, regresó a España a finales de diciembre pasado sin conseguir que le devolvieran su casa, según ha contado a CiberCuba.
Atrás dejó un poder notarial y una investigación en marcha en el Departamento Técnico de Investigaciones, conocido por sus siglas, DTI.
"Un lamentable error"
A su llegada a La Habana, María Elena se dirigió a la Dirección Municipal de Vivienda y allí contó su caso. Todos coincidían en que la casa era suya, pero nadie le explicó cómo podía recuperarla.
La directora de Vivieda le confirmó que había sido "un lamentable error", reconoció que había sido un mal trabajo de esta institución y lo único que pudo prometerle es que las personas que habían falsificado su muerte serían sacadas de ese organismo estatal.
"Usted es la única dueña, (las trabajadoras) no tienen autorización para dar ninguna casa particular", le insistió la directora de Vivienda de Arroyo Naranjo.
María Elena se fue también a Inmigración a buscar un papel que certificara su estado migratorio y allí escuchó de nuevo lo mismo: "Usted vaya a Vivienda, que esa casa se la tienen que dar".
A partir de ahí empezó el tradicional peloteo cubano: "Fui varias veces, se la vamos a dar esta semana... la otra, este viernes, tranquila" pero no se la dieron.
A cambio de las promesas, le pedían con insistencia su propiedad original que ella se negó a entregar en Vivienda porque no se fía de un organismo que la da por muerta y regala su casa. Finalmente esa propiedad se quedó en el DTI, donde le dijeron que la necesitaban para enviarla al laboratorio y compararla con la escritura que le dieron a la persona que vive en la casa de María Elena.
Como no veía que los trámites avanzaban, se fue a la Fiscalía de Arroyo Naranjo y entregó copia de su escritura de propiedad de la casa y el documento de ocupación de una nueva propietaria que le habían mandado sus vecinos.
De ahí siguió su periplo y se fue a ver al presidente del Consejo Administrativo Municipal, Rafael Castillo Montoya, pero su secretaria, Lidia, no le permitió verlo. María Elena no se dio por vencida y regresó en otra ocasión. Lo encontró reunido con otros dirigentes y como no quería recibirla, empezó a hablar en voz alta en la puerta del Gobierno y finalmente Castillo la recibió. Ella le explicó su caso y él le pidió su número de teléfono.
Ese mismo día, a las 7:00 p.m., María Elena recibió una notificación de Vivienda anunciándole que por resolución le restituyen su casa. Pero lo que decía ese papel no se cumplió. "No podía entrar porque había gente dentro", explica a CiberCuba.
En la Fiscalía General de la República
Así que María Elena acudió a la Fiscalía General de la República, donde le atendió el fiscal Rafael Ángel Soler López y allí ella volvió a escuchar lo mismo que le habían dicho en todas partes, que en la Dirección Municipal de Vivienda habían hecho un mal trabajo. "Usted no pierde sus derechos, vamos a analizarlo y ya le daremos respuesta", le dijo.
No contenta con la solidaridad del fiscal, María Elena se fue a la Dirección Provincial de Vivienda y allí le dijeron que "la Dirección Municipal de Arroyo Naranjo se había vuelto loca". Y cómo no, le prometieron que iban a tratar de resolverle el problema.
La Policía va a buscar a María Elena
Poco después, un día, a las doce de la noche, María Elena se asustó al ver que una patrulla de la Policía había ido a buscarla a la casa donde estaba parando en La Habana. A esa hora de la madrugada se la llevaron para tomarle declaración porque la directora municipal de Vivienda de Arroyo Naranjo había denunciado a las dos trabajadoras que la dieron por muerta y asignaron su casa a otra persona.
María Elena entró en pánico, pero los agentes le explicaron que ella no estaba detenida. "No le vamos a hacer nada a usted", le dijeron.
A esa hora se la llevaron para la estación del Capri y allí la atendió la oficial Damarys, que tomó nota de lo que le había pasado y a los lugares a los que había acudido a reclamar. Terminó de declarar a las tres de la madrugada.
Los agentes le explicaron que no podían hacerlo a otra hora porque estaban de guardia y tenían que dejarlo todo listo. Además, le pidieron que regresara al otro día. Y así lo hizo ella. Fue durante esas entrevistas que el DTI se quedó con la propiedad original de la casa de María Elena.
Como el caso seguía sin resolverse, ella empezó a ir con frecuecia al DTI a ver qué pasaba. Allí todo eran buenas palabras, pero su casa no se la devolvían.
Según le dijeron, estaban a la espera de que el presidente del Gobierno Municipal hiciera un "enfrentamiento" y citara a todas las organizaciones de masa de la zona para poder sacar de la casa de María Elena a las personas que viven en ella.
Como ese enfrentamiento no se producía, María Elena se fue al Gobierno Municipal y coincidió con uno de los investigadores de su caso. El presidente del Gobierno Municipal se ofendió porque creyó que se habían puesto de acuerdo. "Aquí no tienes que venir con un militar", le dijo. Pese a que el agente aclaró que había ido por su cuenta, las maneras y modales del presidentre siguieron siendo malas siempre que se dirigía a María Elena.
Lo único que consiguió ella ese día fue que el presidente Rafael Castillo le dijera que su caso no se iba a resolver en diciembre, que quedaba ya para este año 2019 porque las personas que estaban ocupando su casa "son problemáticas".
Para entonces se habían cumplido los 30 días que la Dirección Municipal de Vivienda le dio de plazo a María Elena para recuperar su casa. Ella tuvo que regresar a España y a la vecina a la que le otorgó un poder para que le lleve el papeleo en Cuba le han dicho esta semana en Vivienda que la mujer que vive en la casa de María Elena ha presentado una reclamación y eso alargará el proceso.
María Elena mantiene su permiso de residencia en el extranjero (PRE), todo el mundo dice que su casa es suya, pero hay gente viviendo en ella. La solución sigue en el aire.
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