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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso, el pasado lunes, sanciones a cuatro gobernadores venezolanos alineados con el régimen de Nicolás Maduro.
En un comunicado de prensa emitido por la Casa Blanca, la administración de Trump afirmó que la medida fue tomada en conformidad con “la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692”, dirigida a los funcionarios venezolanos inmersos en un sistema corrupto que ha intensificado la crisis en la nación, al impedir el ingreso de ayuda humanitaria.
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“Es vergonzoso el esfuerzo del régimen ilegítimo de Maduro por bloquear la ayuda internacional para los venezolanos”, declaró Steven T. Mnuchin, Secretario del Departamento del Tesoro.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) aplicó las sanciones contra: Omar José Prieto Fernández, Ramón Alonso Carrizalez Rengifo, Jorge Luis García Carneiro y Rafael Alejandro Lacava Evangelista.
Prieto, gobernador del estado de Zulia desde diciembre de 2017, fue acusado por la Casa Blanca de propiciar la “delincuencia organizada”. Carrizalez, responsable de la localidad de Apure, fue durante dos años vicepresidente de Venezuela (2008-2010) y ministro de Defensa. García, político cabecilla del territorio de Vargas desde 2008, trabajó anteriormente como jefe del Ejército venezolano y fue incluso, ministro de Desarrollo Social y Participación Popular.
Por último, se encuentra Lacava, gobernador de Carabobo desde octubre de 2017, quien ejerció también el cargo de embajador venezolano en Italia. Es actualmente, uno de los amigos más cercanos e intermediarios de Maduro.
La medida contra los funcionarios establece que todos los “bienes y participaciones en bienes” de estos, así como las entidades donde estén involucrados en un “50% o más”, que se encuentren en territorio de los Estados Unidos, quedarán bloqueados.
Además se especifica que todas las regulaciones impuestas por OFAC prohíben de “manera general” a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones que “involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas”.
No obstante, las sanciones no tienen un carácter permanente, según informó el Departamento del Tesoro. Estas medidas se enfocan a ayudar a “restaurar el orden democrático” en Venezuela. El objetivo es que los políticos “se nieguen a participar en violaciones de derechos humanos” y combatan la corrupción en la nación.
"Estados Unidos apoya plenamente los esfuerzos del presidente interino Juan Guaidó por resolver la corrupción endémica, el abuso de los derechos humanos, y la represión violenta que se han constituido en las características fundamentales del régimen ilegítimo de Maduro", explicó Mnuchin.
Según el secretario del Tesoro, la administración de Trump se encuentra, en estos momentos, a la espera del restablecimiento de "un gobierno democráticamente elegido por los venezolanos".
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