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La nueva Ley de Pesca del Gobierno cubano prevé recortar anualmente el número de licencias concedidas a pescadores por cuenta propia en la Isla. Así lo recoge el borrador a disposición del Parlamento, que aclara que se respetarán las embarcaciones privadas actuales, aunque se les exigirá a sus propietarios que tributen.
Paralelamente, se sacarán de circulación los barcos estatales en mal estado, con la intención de incorporar otros más modernos y menos lesivos al medio ambiente.
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Para recortar el número de licencias de pescadores, la nueva norma centralizará las decisiones. De esta forma, será el Consejo de Ministros el único autorizado para definir las zonas donde se podrá pescar y también tendrá la última palabra a la hora de conceder las licencias.
Contará para ello con el visto bueno del Ministerio de Industria Alimentaria. Este último podrá, incluso, prohibir la pesca en zonas autorizadas por el Consejo de Ministros.
Asimismo, la ley asigna al Ministerio del Interior (Minint) la vigilancia y control de la pesca ilegal, que puede tener detrás actualmente unas 1.000 embarcaciones y 2.500 personas, según las estimaciones oficiales.
El borrador de la Ley concede poder para controlar la pesca furtiva a la Oficina Nacional de Inspección Estatal del Ministerio de Alimentación y a las Tropas Guardafronteras del Minint, que ya han emitido un informe que recoge los puntos con más incidencia en pesca furtiva.
Una vez aprobada la norma, ésta limitará la concesión de licencias a quienes tengan antecedentes como pescadores ilegales. Para ello está previsto modificar el Código Penal.
Hasta ahora, el sector pesquero en la Isla estaba regulado por el Decreto Ley 164 que los comunistas cubanos consideran que se queda obsoleto para "enfrentar la pesca ilegal".
Ésta será la primera Ley de Pesca desde 1959. La norma se aprobará en el marco de la implementación de los Lineamientos Políticos de Raúl Castro, según explica la fundamentación de la propuesta hecha pública esta semana por el Parlamento.
La nueva normativa, en esencia, regulará y limitará las autorizaciones, definirá las modalidades de pesca e intensificará el control pero se escuda en la defensa de los derechos laborales ya que los pescadores privados a día de hoy no están vinculados a ningún régimen de Seguridad Social.
¿Qué regulará la ley?
Autorizaciones: La nueva Ley de Pesca autorizará a cubanos y extranjeros a pescar en aguas nacionales siempre que sean mayores de 17 años. Las licencias las darán exclusivamente el Consejo de Ministro y el Ministerio de la Industria Alimentaria.
Por cuenta propia: Los cuentapropistas podrán solicitar licencia para ejercer la pesca comercial no estatal.
Pesca submarina: El borrador prevé un endurecimiento de la concesión de licencias de pesca submarina. La nueva ley regula la pesca submarina dentro de la pesca recreativa, que se independizará de la pesca deportiva.
Zona de pesca: La nueva Ley de Pesca no sólo se aplicará en las zonas donde exista abundancia de recursos pesqueros, sino también "donde haya disponibilidad de los mismos". El Consejo de Ministros será el único facultado para definir las zonas de pesca, aunque el Ministerio de la Industria Alimentaria podrá limitar o prohibir la pesca en algunas de las zonas autorizadas.
Control de pesca ilegal y vertidos: El Minint y la Oficina Nacional de Control Estatal se encargarán de la pesca ilegal. El control de los vertidos al mar será responsabilidad del Ministerio de Industria Alimentaria, el de Agricultura, el de Medio Ambiente y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
Sanciones y decomisos: La nueva ley fija la posibilidad de multar (la cuantía está por definir) y decomisar productos y embarcaciones, agarrádose al Decreto Ley 313.
Consecuencias: El Gobierno espera que tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Pesca se reduzca anualmente el número de licencias concedidas lo que, en su opinión, permitirá un desarrollo sostenible del sector y "su recuperación a largo plazo".
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