Sepulturas en litigio y pérdidas de restos en el cementerio de Camajuaní

Aunque los cementerios son sitios asociados al respeto, la paz y el reposo, en Cuba no siempre custodian bajo esas condiciones los restos mortales de nuestros seres queridos.

Tal es el caso del cementerio municipal de Camajuaní, donde en el presente tienen lugar algunas querellas y litigios de gran envergadura, a partir del descontrol y las ilegalidades reinantes.

Al tema se refirió la emisora santaclareña CMHW en un extenso reportaje, en el cual se incluyeron entrevistas a familiares afectados, trabajadores del camposanto y de la dirección municipal de servicios comunales en ese municipio.

Se trata de una maraña de grandes proporciones, en la que se ven implicadas varias familias camajuanenses que declaran no saber a ciencia cierta dónde se encuentran ahora mismo los cuerpos sus seres queridos.

“El día de las madres, el día de los padres, o el de los fieles difuntos, que la familia toda una vida había acostumbrado a rendirles tributo a nuestros muertos y venir al cementerio, ya no podemos poner flores porque teníamos 2 tumbas y ahora ya no tenemos ninguna”, declara uno de los dolientes que afirma categórico: “Ahora no sabemos dónde están nuestros muertos enterrados”.

“Hice la reclamación en el mes de junio en comunales y esperé unos días, pero la respuesta que me dieron fue en blanco, nos dijeron que era un error humano, que nosotros éramos los que estábamos confundidos”, concluye el declarante.

Otra de las entrevistadas por CMHW, argumentó que los trabajadores de servicios comunales muestran un total desconocimiento respecto a su propiedad: “Nos dicen que no dudan de nuestra palabra pero que no saben, nos aseguran que ellos no la vendieron, y hasta hoy no nos han dado ninguna respuesta”.

La sepultura que supuestamente estaba a nombre de María Magdalena Fabregat Ruiz, ya no acoge los cadáveres de sus seres queridos: “En abril mi tía fue al cementerio y vio un cojín encima de la tumba de mi abuelo, y entonces extrañada preguntó en voz alta quién había puesto flores en la tumba de su padre y una mujer le contestó detrás: ‘esa tumba es mía’. Entonces nos dimos cuenta de que los restos estaban perdidos”.

“Pusimos la queja en comunales y nos dijeron que era un error, que la nuestra era otra, la 1053, pero esa tiene a otras personas como propietarios, gente que ni siquiera conocemos”, explicó el sobrino de la doliente.

Ante el alud de señalamientos Yumileidi Barrios, técnica de necrología en el municipio de Camajuaní, afirmó categóricamente: “Hasta que no se demuestre que comunales tiene que ver, es un problema de litigio entre familias”.

Desde su punto de vista la culpa recae en los familiares, y aduce que estos pueden estar equivocados, sin embargo, es difícil de creer que una veintena de reclamantes dentro de una misma familia puedan haber olvidado el lugar exacto donde sepultaron a sus seres queridos.

Barrios no tuvo cómo explicar tampoco que algunos restos se encuentren dispersos en diferentes sepulturas del camposanto, sin que los familiares de los fallecidos tengan conocimiento ni propiedad de esas tumbas. Los libros del cementerio lejos de aclarar la situación generan mayor confusión e incertidumbre a los dolientes, que no saben ahora mismo dónde colocar sus flores.

Inconcebible resulta que en la bóveda 1053 —una de las que se encuentra en litigio— se hayan realizado tres exhumaciones el 10 de diciembre pasado cuando ese inmueble solo tiene capacidad para un ataúd.

Si bien los hechos parecen indicar por sí solos la existencia de actos de compraventa de propiedades funerarias, profanación de tumbas y falsificación de documentos, la especialista en necrología niega que esas prácticas tengan lugar en el municipio. “Las compraventas en los cementerios está prohibida porque son propiedades familiares, así que si se vendió alguna propiedad sin contar con los propietarios eso sí va ya para la PNR”, sentenció.

Sin embargo, algunos de los reclamantes confiesa haber recibido ofertas por parte de los trabajadores de comunales. Y otra de las entrevistadas por CMHW, narró su historia personal: “A raíz de haber fallecido mi mamá yo tuve interés, y tengo interés todavía, en hacerme de una propiedad para cuando vaya a exhumarla, y entonces la compañera del cementerio me propuso una bóveda que estaba en clase 2, todo fue delante de un sepulturero. Fue ella misma quien me lo propuso y fijó un precio de 8 mil pesos y me dijo que en caso de no estar de acuerdo con las condiciones podíamos ajustar ese precio”, concluyó la declarante.

Según Alejandro Santana, director municipal de servicios comunales en Camajuaní esos casos se manejan directamente con la dirección provincial, y son enfocados como litigios entre familias: “Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros solo enterramos con la propiedad en la mano. Y si algún trabajador de nosotros tiene algo que ver con un entierro ilegal o un acto de compraventa se someterá al peso de la ley”.

“Aún no tenemos un dictamen final para los litigios. Pero estamos trabajando, para que al final cada cual se quede con su sepultura legalmente”, indicó el directivo, sin ofrecer disculpas por tan dolorosas situaciones y sin precisar si se llevará a cabo un trabajo forense para determinar a quiénes pertenecen cada uno de los restos extraviados.